Detienen al expresidente filipino Rodrigo Duterte por orden de la Corte Penal Internacional
El exmandatario enfrenta cargos por crímenes de lesa humanidad relacionados con su polémica guerra y campaña contra las drogas ilegales.
La Policía en el Aeropuerto Internacional de Manila detuvo al expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. La detención se llevó a cabo tras su arribo desde Hong Kong, en cumplimiento de una orden emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), que lo acusa de crímenes de lesa humanidad vinculados a su controvertida campaña contra las drogas ilegales.
La CPI ha estado investigando las numerosas muertes ocurridas durante la violenta campaña antidrogas implementada por Duterte durante su mandato presidencial, que se extendió desde 2016 hasta 2022.
Aunque las autoridades filipinas reconocen alrededor de 6.000 muertes en operaciones contra el narcotráfico, organizaciones de derechos humanos estiman que la cifra real podría ascender a 30.000, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y víctimas colaterales.
Reacción de Duterte y sus aliados
Antes de su arresto, Duterte expresó su disposición a entregarse al tribunal internacional, afirmando: “Si este es verdaderamente mi destino en esta vida, está bien, lo aceptaré. Me pueden arrestar y encarcelarme”.
Sin embargo, sus aliados más cercanos han criticado la detención. El senador Bong Go calificó la acción como una “afrenta a la soberanía de Filipinas” y destacó que los tribunales locales son capaces de impartir justicia sin intervención extranjera.
Contexto de la guerra contra las drogas
La campaña antidrogas de Duterte fue una de las políticas más destacadas de su administración. Desde su inicio en 2016, se llevaron a cabo numerosas operaciones policiales que resultaron en miles de muertes.
Mientras las autoridades sostienen que las víctimas eran sospechosos que se resistieron al arresto, diversas organizaciones han denunciado abusos y ejecuciones sumarias.
Implicaciones internacionales y futuras acciones
La detención de Duterte representa un hito en la búsqueda de justicia por las presuntas violaciones de derechos humanos en Filipinas. Aunque el país se retiró de la CPI en 2019 bajo la administración de Duterte, el tribunal sostiene que tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos mientras Filipinas era miembro.
Actualmente, existe incertidumbre sobre si Duterte será trasladado a La Haya para enfrentar el juicio, lo que podría desencadenar debates legales y políticos en el ámbito nacional e internacional.
Fuente: La Nación