Diecinueve comunidades indígenas reclaman tierras en el Ex Lote Fiscal 4
En una nueva audiencia realizada en la Ciudad Judicial de Salta, representantes de 19 comunidades indígenas, liderados por el cacique Eduardo Pisco, reclamaron la devolución del Ex Lote Fiscal 4, actualmente identificado como matrícula catastral 17.452.
Las tierras, formalmente adjudicadas a estas comunidades mediante decretos provinciales en el año 2000, han sido objeto de una disputa legal con la empresa Agropecuaria Sanz, la cual ocupa actualmente 6.000 de las 13.413 hectáreas asignadas a los pueblos originarios. Pisco, junto a un grupo de manifestantes, se presentó en la audiencia convocada para las 10 de la mañana, aunque la representación de la empresa no asistió. El cacique expresó su frustración ante la falta de compromiso de la empresa para llegar a un acuerdo que permita a las comunidades Wichí, Toba, Chorote y Chulupí del departamento San Martín, recuperar sus tierras. “El caso lo llevan el Dr. Palomino y el Dr. Cazón en el Juzgado N°1. Queremos que las tierras sean devueltas a las comunidades, pero ellos no asisten a las audiencias”, declaró Pisco en diálogo con medios del norte provincial.
Las comunidades, que incluyen a El Paraíso, Pacará, Tonono, y Misión Chorote, entre otras, mantienen su reclamo para que se respete el decreto de adjudicación de 2000 y exigen que la empresa Sanz cese su ocupación de las tierras. “Queremos que la tierra sea nuestra, de vuelta”, reiteró el cacique y vocero de las comunidades damnificadas.
La urgencia en resolver el conflicto
La falta de participación de la empresa en las audiencias convocadas ha generado un ambiente de desconfianza entre las partes y ha impulsado a las comunidades a tomar decisiones drásticas para recuperar su territorio.
En este contexto, el Estado y el poder judicial se encuentran ante la urgencia de mediar y resolver el conflicto, en respeto de los derechos de los pueblos originarios y en búsqueda de una solución que brinde estabilidad a esta histórica disputa por el Ex Lote Fiscal 4.
Sin embargo, el avance de la empresa sobre sus tierras, sumado al silencio de radio de la misma frente a las citaicones judiciales, pone en duda la posibilidad de que se arribe a una solución definitiva.
Una tensión de años
El Ex Lote Fiscal 4, situado a 30 kilómetros de Tartagal, fue asignado como “Propiedad Comunitaria” en el año 2000 a través de los decretos 1.326/00 y 2.992/00, reconociendo la propiedad de los pueblos indígenas sobre estas tierras. Desde entonces, las comunidades afectadas han enfrentado desalojos y obstáculos para el acceso pleno a su territorio ancestral. Pisco, indignado, advirtió sobre la posibilidad de medidas de fuerza si no se respetan sus derechos: “Cortar la ruta es un delito, pero si no se respetan nuestros derechos, vamos a realizar el desalojo nosotros mismos”, señaló.
En un intento de formalizar la tenencia comunitaria, el gobierno provincial aprobó en 2023 el estatuto social de la “Asociación Consorcio Administrador Ex Lote Fiscal 4” y registró su personería jurídica ante la Subsecretaría de Regulación Territorial y Registro de las Comunidades Indígenas., pero tampoco fue significativa esta acción hasta el momento.