Diferencias en Nación y sindicatos por un aumento salarial generalizado
La posibilidad de un aumento generalizado de salarios, como sugirió Sergio Massa en su primera conferencia de prensa, abrió un frente de conflictividad no sólo en los sindicatos sino también dentro del propio Gobierno.
A las diferencias públicas entre los “gordos” de los sectores más tradicionales de la CGT que objetan esa modalidad y el espacio de Pablo Moyano, que la reivindica, se sumó en las últimas horas la de parte del equipo económico con el kirchnerismo, con la misma discrepancia.
Tiene previsto definir el nuevo ministro de Economía, quien todavía espera el encuentro de este jueves con la central obrera y las cámaras empresarias para dar a conocer un mecanismo, confiaron en su entorno.
Hasta ahora el principal escollo para una suba universal, vía decreto de sumas fijas, bonos o montos variables de acuerdo a escalas, era la cúpula de la CGT. En particular los “gordos” y los “independientes” de buen diálogo con todos los oficialismos que hicieron saber en los últimos días que sólo apoyarían la continuidad de las paritarias como herramienta de salvaguarda del poder adquisitivo de los trabajadores.
A ellos se sumó el sector “albertista” del equipo económico, en particular el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien se hizo eco del planteo de esos sindicalistas y además elevó un alerta respecto del eventual riesgo inflacionario de un incremento generalizado.
En la previa de la reunión del jueves el funcionario advirtió que el grueso de los salarios negociados mediante convenios colectivos de trabajo había mantenido su poder adquisitivo e incluso superado por un par de puntos la inflación acumulada en lo que va del año.
Para ello exhibió números de su cartera según los cuales, entre mayo de este año y el de 2021 los sueldos le habían ganado por casi seis puntos porcentuales a la variación de la canasta básica (66,4% contra 60,7 por ciento), y que en el primer semestre de 2022 (sin contar el pico esperado por julio) la diferencia a favor de los ingresos había sido de 2,4 puntos. El relevamiento contempla sólo el sector formal de la economía y el empleo privado.
Para reforzar la idea la cartera laboral informó que desde 2014 sólo cuatro períodos anuales tuvieron crecimiento real del salario, entre los que se encuentran 2021 y 2022.
El propio estudio admite que para lo que resta del año seguramente será necesaria una revisión de las paritarias, que en el primer semestre ya tuvieron dos etapas para promediar en la actualidad subas de entre 60 y 65 por ciento contra una inflación proyectada de al menos diez puntos por encima del valor máximo, según las consultoras que releva el Banco Central.
Ese ideario contrasta con lo sostenido al menos públicamente por los funcionarios y dirigentes que le responden a Cristina de Kirchner. Desde esos espacios se insiste en la necesidad de un “shock distributivo” alentado por el Gobierno mediante subas salariales por decreto, como sucedió en el arranque del mandato de Néstor Kirchner y en el inicio de la propia gestión del Frente de Todos.
El ejemplo a mano de ese espacio son los aumentos que validó la propia vicepresidenta para el personal legislativo, en general por arriba del promedio de las paritarias, y con el aval del propio Massa, entonces presidente de Diputados y actual ministro de Economía.
En la línea kirchnerista se anotó el fin de semana Pablo Moyano, el tercer secretario general de la CGT, quien alentó un eventual aumento general de salarios para compensar las pérdidas de poder adquisitivo para los sectores incapacitados de mejorar su situación mediante paritarias. Moyano representa un sector donde también reportan los mecánicos del Smata, la Asociación Bancaria y la UOM, entre otras organizaciones vistas con simpatía por la expresidenta.
El líder del Frente Renovador deberá terciar en la confrontación. Además de la herramienta de un posible ajuste general de sueldos, que demandará de la aprobación por parte de las cámaras patronales, también podrá poner en juego otro anuncio de la semana pasada: la extensión y eventual suba de las asignaciones familiares, un ítem que perciben sólo 2,5 millones de trabajadores sobre un universo potencial de 6 millones, y que depende de erogaciones de la A NSES, con cuya titular, Fernanda Raverta, se reunió Massa ayer mismo para analizar los escenarios para los jubilados.