Dina Boluarte promulga ley que elimina detención preliminar sin flagrancia
La nueva norma limita el alcance fiscal en delitos graves, preocupando a expertos que advierten un impacto negativo en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Este miércoles 11 de diciembre, la presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley 32181, que reforma el Código Procesal Penal y elimina la detención preliminar en casos donde no exista flagrancia. La medida prohíbe que un juez ordene la detención preventiva si el delito no ha ocurrido en las últimas 48 horas.
La reforma elimina el inciso ‘a’ del artículo 261, que permitía detener a sospechosos de delitos graves, incluso sin flagrancia, siempre que existieran pruebas fundadas y riesgo de fuga. Ahora, los fiscales solo podrán actuar si el delito es reciente y el perpetrador sorprendido en el acto.
Casos como asesinatos, corrupción o narcotráfico requerirán flagrancia para proceder con detenciones preliminares. Según expertos, esto podría dificultar investigaciones contra redes criminales complejas que operan con rapidez y sigilo.
“Esta ley no hace más que penalizar la labor de jueces y fiscales”, declaró Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima. Añadió que la reforma es “inconstitucional y riesgosa”, pues limita la independencia judicial en la lucha contra el crimen.
Preocupación en el ámbito judicial
El cambio, aprobado sin mayor debate en el Congreso, genera inquietud entre operadores judiciales. Fiscales y jueces enfrentarán nuevas restricciones al investigar delitos complejos.
Además, los jueces estarán obligados a ordenar detenciones si la Policía identifica flagrancia, exponiéndose a severas penas si se equivocan.
“Ser juez ahora es una tarea peligrosa”, enfatizó Canelo, señalando que podrían enfrentar entre 8 y 12 años de prisión por errores en la calificación de flagrancia.
Críticas y riesgos
Analistas advierten que la Ley 32181 podría generar un clima de impunidad, desalentando investigaciones en casos de alto perfil. “El sistema de justicia queda vulnerable frente al crimen organizado”, opinó un experto en derecho penal.
La reforma entrará en vigor este jueves 12 de diciembre, marcando un giro en el sistema penal peruano y dejando en el aire el futuro de la lucha contra la corrupción.