Diputados aprobó la prórroga sanitaria y el pedido de ley de derribo
En una extensa y encendida sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de la provincia de Salta aprobó este martes dos proyectos claves: la prórroga por 180 días de la Emergencia Sociosanitaria en los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia, y la declaración que solicita al Gobierno Nacional la reactivación de la Ley de Derribo para reforzar la lucha contra el narcotráfico en zonas de frontera.
La jornada legislativa dejó expuestas dos miradas opuestas sobre la gestión provincial: mientras el oficialismo defendió la continuidad de políticas territoriales en salud y seguridad, la oposición insistió en la necesidad de institucionalizar la planificación y el control. Ambos debates, sin embargo, coincidieron en un punto: la urgencia de atender al norte salteño, tanto en sus crisis estructurales como en su vulnerabilidad frente al avance del narcotráfico.
Debate caliente sobre la emergencia sociosanitaria
Con cuatro votos en contra, el cuerpo legislativo avaló la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, que busca extender las herramientas excepcionales para continuar atendiendo los problemas estructurales de salud, nutrición e infraestructura en el norte salteño. La miembro informante, Laura Cartuccia, fundamentó la prórroga destacando los avances logrados en la reducción de brotes de dengue, la mejora en los indicadores de salud materno infantil y el fortalecimiento de los centros de recuperación nutricional en Santa Victoria Este, Tartagal y Embarcación, donde —según precisó— se alcanzó una tasa de recuperación del 94,4% de los niños internados. “La emergencia ha sido eficaz. Necesitamos consolidar los logros, asegurar recursos humanos y continuar con la prevención. Más de 450 cargos médicos y técnicos siguen vacantes”, argumentó Cartuccia, quien pidió acompañamiento a sus pares “para convertir los avances en mejoras estructurales”.
Sin embargo, la oposición planteó duros cuestionamientos. Sofía Sierra (PRO) aseguró que “estas prórrogas perpetúan la falta de planificación y abren puertas a la corrupción”. “Parecería que estamos más preocupados por quedar bien con el gobernador que por planificar una gestión eficiente”, lanzó, al tiempo que denunció contrataciones directas en el marco de anteriores emergencias.
Desde La Libertad Avanza, Roque Cornejo Avellaneda calificó la renovación como “una muestra del fracaso administrativo”: “No hay programa político ni planificación. Viven de la emergencia”, afirmó. Las respuestas del oficialismo no se hicieron esperar. Gladys Paredes, médica y diputada por San Martín, arremetió contra la oposición: “A ninguno de ustedes se le murió un chico en brazos. Hablan desde la ignorancia. Las enfermedades no se dan por pobreza, sino por vivir en clima tropical”.
Finalmente, Cartuccia cerró el debate invitando a quienes denuncian irregularidades a presentarse ante la Justicia y reafirmó la voluntad del Ejecutivo de “transparentar y sostener” las acciones en marcha. El proyecto fue girado al Senado en revisión.
Apoyo al pedido de reactivación de la Ley de Derribo
El otro eje de la sesión de este martes giró en torno al Proyecto de Declaración impulsado por Socorro Villamayor, que insta al presidente Javier Milei a incorporar entre sus prioridades la sanción de una Ley de Derribo que refuerce el control del espacio aéreo en la frontera norte. Villamayor recordó que el gobernador Gustavo Sáenz viene reclamando la aplicación del Plan Güemes de Seguridad Fronteriza, y advirtió que “sin radarización y sin un marco legal claro, la Argentina sigue siendo una ruta del narcotráfico y del contrabando”. “La ley, a diferencia de un decreto, tiene carácter permanente y otorga seguridad jurídica a las fuerzas. No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras el narcotráfico usa nuestro cielo como corredor”, sostuvo la legisladora.
Durante el debate, el diputado Gustavo Orozco —ex integrante de las divisiones antinarcóticos— proyectó un impactante video que simulaba el ingreso de avionetas con droga por el norte provincial y denunció la falta de controles en Rosario de la Frontera. “Si no se aprueba esta ley es porque están prendidos todos”, disparó.
La exposición fue calificada como “reveladora” por Durand Cornejo, quien pidió que el material audiovisual sea elevado al Congreso y respaldó la necesidad de “blindar la frontera aérea”. En la misma línea, José Gauffin planteó que la defensa del espacio aéreo “es un asunto de seguridad nacional”, y reclamó avanzar en la radarización y en la protección legal de los pilotos que actúen bajo órdenes de defensa.
Asimismo, otros legisladores pusieron foco también en la reactivación de la radarización. No obstante, hubo voces críticas. Griselda Galleguillos cuestionó que el video expusiera información sensible de posibles investigaciones y reclamó “responsabilidad institucional”. Además, instó a debatir “una estrategia integral” que incluya controles de consumo y narcotest para funcionarios.
El proyecto unificado entre Villamayor y Orozco fue finalmente aprobado por mayoría, expresando el respaldo político de la Cámara al reclamo del Ejecutivo provincial.