La Cámara de Diputados aprobó la declaración de emergencia en salud pediátrica por el plazo de dos años. La iniciativa propone “la inmediata asignación de recursos mediante la reasignación de fondos y el uso de reservas, incluida la recomposición salarial del personal público afectado a esta prestación, así como la eximición del Impuesto a las Ganancias para ciertos rubros remunerativos”.
Este proyecto contó con 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones, superando por cinco apoyos los dos tercios.
El debate sobre el costo fiscal fue el eje del argumento libertario. Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que la medida para hospitales implicaría un gasto adicional por parte del Ejecutivo, entre julio y diciembre, de $65.573 millones y añade: “Anualizada esa erogación alcanzaría $133.433 millones”. En cuanto al proyecto universitario, la OPC no realizó una estimación oficial, pero según cálculos de la oposición, el gasto representaría un 0,14 % del PBI (unos $1.059 millones), mientras que para el oficialismo superaría los $1.500 millones.
Ambos proyectos deben ser tratados por el Senado para su sanción definitiva. El dato es que las dos propuestas estuvieron cerca o superaron los dos tercios, número que se requiere para insistir con la iniciativa ante el eventual veto de Milei. Acompañaron la iniciativa el grueso de la UCR, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Unión por la Patria y el FIT.
Sin obstrucciones del oficialismo, avanzó el proyecto impulsado por los gobernadores para garantizar un reparto automático a las provincias del 1% los ATN, que se tratará en la Comisión de Presupuesto el miércoles 13 de agosto a las 12 horas. Cuatro horas después, un plenario entre esa comisión y la de Energía abordará la propuesta que elimina tres fideicomisos (de Infraestructura Hídrica; Infraestructura de Transporte; y Sistema Vial Integrado) y tres fondos (Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior; Nacional de la Vivienda) y fija para las provincias una mayor participación en la distribución del impuesto a los combustibles. La oposición buscará dictaminar ambas iniciativas para tratarlas en sesión el 20 de agosto.
En 2024, la bancada que conduce Rodrigo de Loredo acompañó el proyecto universitario y rechazó el veto en su totalidad. La excepción, en esa instancia, fue el cornejista Lisandro Nieri. El mendocino se había abstenido al momento de la votación de la ley. Pero, el día en que se sometió a votación el veto de Javier Milei, se inclinó por la insistencia de la ley. Diez meses después, los diputados que responden al gobernador radical Alfredo Cornejo cambiaron de postura. Nieri, que estuvo presente durante la sesión, optó por ausentarse al momento de la votación. Su comprovinciana Pamela Verasay, que había acompañado la ley primero en 2024, en esta oportunidad también se ausentó.