Diputados aprobó por unanimidad un nuevo Sistema Provincial de Gestión Integral del Riesgo
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Gastón Galíndez y Mónica Juárez que crea un sistema para coordinar organismos, municipios e instituciones en la prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres. La iniciativa pasó al Senado en revisión.
La Cámara de Diputados de Salta aprobó por unanimidad la creación del Sistema Provincial de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, una iniciativa de los legisladores Gastón Galíndez y Mónica Juárez que busca modificar el enfoque provincial frente a emergencias y desastres.
El proyecto obtuvo media sanción y pasó al Senado en revisión. La propuesta establece un sistema destinado a articular políticas, organismos, recursos y capacidades para prevenir nuevos riesgos, reducir los existentes y fortalecer la preparación de la población.
La iniciativa se enmarca en la adhesión de Salta, mediante la Ley 8.069, a la Ley Nacional 27.287, que creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR).
La prevención como eje de las políticas públicas
Uno de los principales cambios que plantea la norma es que la gestión integral del riesgo deje de estar asociada únicamente a la respuesta frente a una emergencia. A partir de la nueva legislación, deberá convertirse en un eje transversal de las políticas públicas.
Esto implica que la evaluación y prevención de riesgos deberán ser consideradas en la planificación, la inversión pública y el desarrollo territorial de la provincia.
La Subsecretaría de Defensa Civil será la autoridad de aplicación y tendrá entre sus funciones elaborar el Plan Provincial de Gestión Integral del Riesgo, mantener actualizado un Mapa Provincial de Riesgos y organizar un sistema provincial de información.
También deberá promover sistemas de alerta temprana y coordinar las acciones necesarias para mejorar la capacidad de respuesta y recuperación ante situaciones de emergencia o desastre.
El proyecto crea además el Consejo Provincial para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, como espacio permanente de coordinación y consulta. Estará integrado por áreas del Gobierno provincial y municipios, mientras que también podrán participar universidades, instituciones científicas, bomberos voluntarios y organizaciones de la sociedad civil.
Simulacros y preparación de la población
La iniciativa pone especial énfasis en la prevención y la preparación. Para ello, contempla la realización de ejercicios y simulacros anuales en instituciones educativas, sanitarias y otros espacios de concurrencia masiva.
También incorpora contenidos vinculados con la prevención y la gestión del riesgo dentro del sistema educativo.
Durante el debate, Galíndez explicó que los simulacros representan el último paso de un proceso que comienza mucho antes de una emergencia.
Según detalló, primero deben identificarse las amenazas, las vulnerabilidades y los responsables de actuar ante cada escenario. Recién después se llega a los ejercicios destinados a preparar a la población.
Atención a sectores vulnerables
El proyecto contempla especialmente las necesidades de las personas y comunidades que pueden encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad frente a emergencias.
Entre ellas menciona a niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, comunidades indígenas y sectores rurales aislados.
Además, invita a los municipios de la provincia a adherir al sistema y a elaborar sus propios planes locales de gestión integral del riesgo.
La propuesta también establece que la autoridad de aplicación deberá presentar un informe público anual ante la Legislatura antes del 31 de marzo, con información sobre las acciones desarrolladas.
En caso de convertirse en ley, el nuevo sistema reemplazará el esquema establecido por la Ley Provincial 7.668. La ley anterior quedará derogada e integrada en sus objetivos al nuevo marco de gestión.
Galíndez: “La reacción ante una emergencia no comienza con el desastre”
Durante el debate, Galíndez sostuvo que el proyecto busca dejar atrás el modelo tradicional de defensa civil, centrado principalmente en la respuesta una vez ocurrido el desastre.
El diputado remarcó que “la reacción ante una emergencia no comienza con el desastre, sino que debe prepararse mucho antes”, y destacó que la iniciativa fue modificada a partir de los aportes realizados durante su tratamiento legislativo.
Según explicó, el texto aprobado es “muy superior” al presentado originalmente, producto del trabajo conjunto entre los distintos bloques y de los aportes realizados por Mónica Juárez.
En ese sentido, sostuvo que el proyecto dejó de pertenecer a un diputado o a un bloque político para convertirse en una respuesta institucional de la provincia.
Galíndez destacó además que durante el trabajo en comisión participaron organismos públicos y privados, organizaciones no gubernamentales, bomberos de la Policía y Defensa Civil, además de legisladores de distintos sectores.
Entre los aportes incorporados mencionó la vinculación con la Ley Nacional 27.287 a partir de la adhesión provincial establecida por la Ley 8.069, medidas de protección para personas en situación de vulnerabilidad frente a situaciones de trata y la participación de los municipios en el Consejo Provincial.
Sobre este último punto, aclaró que la iniciativa no obliga a los municipios a crear áreas específicas de defensa civil. Según señaló, actualmente 32 de los 60 municipios salteños ya cuentan con este tipo de estructuras.
Con la media sanción de Diputados, el proyecto deberá ahora ser analizado por el Senado, donde continuará su tratamiento antes de definir si se convierte en ley.