Diputados de Salta renovaron representantes ante el Consejo de la Magistratura
La Cámara de Diputados de Salta renovó sus representantes ante el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento.
Mediante dos resoluciones, la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta aprobó las modificaciones de la integración de los organismos institucionales clave vinculados al control y la administración del Poder Judicial y del Ministerio Público.
En primer término, el cuerpo legislativo resolvió actualizar la representación de la Cámara en el Consejo de la Magistratura.
En ese marco, se designó al diputado Gastón Guillermo Galíndez como miembro titular por la mayoría, en reemplazo de Javier Marcelo Paz, para completar el mandato correspondiente.
Asimismo, fue designada la diputada Amanda María Frida Fonseca Lardies como miembro titular por la primera minoría, en sustitución de María Verónica Saicha Ibáñez, también hasta la finalización del período en curso.
La resolución incluyó además la designación del diputado Luis Fernando Albeza como miembro suplente por la primera minoría en el Consejo de la Magistratura, en reemplazo de Antonio Sebastián Otero, para completar el mandato respectivo. Las designaciones serán comunicadas formalmente al organismo.
Por otra parte, la Cámara también avanzó en la renovación de sus representantes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público.
En este caso, se designó al diputado Néstor Eduardo Parra Ruiz de los Llanos como miembro suplente por la mayoría, en reemplazo de María del Socorro López, hasta completar el mandato vigente.
En tanto, la diputada María del Socorro Villamayor fue designada como miembro titular por la primera minoría en el Jurado de Enjuiciamiento, en reemplazo de Juan Carlos Francisco Roque Posse, también por el tiempo restante del período correspondiente.
Con estas resoluciones, la Cámara de Diputados de Salta actualizó su representación institucional en ambos organismos, que cumplen un rol central en los procesos de selección, control y eventual sanción de magistrados y funcionarios del sistema judicial provincial.