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Diputados del peronismo presentan proyecto para frenar privatización de AySA vía DNU

Diputados nacionales del peronismo presentó un proyecto de ley con el objetivo de rechazar decretos de necesidad y urgencia que permitan privatizar AySA. Consideran que el traslado de decisiones al Ejecutivo sin intervención legislativa compromete la transparencia del proceso y pone en juego un servicio esencial.

En la Cámara de Diputados, legisladores acompasados con el peronismo federal elevaron un borrador que habilita el rechazo específico de los DNU relacionados con AySA. Argumentan que la empresa pública de agua potable y cloacas requiere una decisión aprobada por el Congreso y no una medida unilateral del Poder Ejecutivo.

Los diputados que impulsan esta iniciativa consideraron que privatizar AySA mediante un decreto debilita el rol constitucional del Legislativo. Señalaron que cualquier modificación estructural sobre esa compañia debe debatirse en comisión y en recinto, como ocurre con políticas públicas que afectan directamente a millones de usuarios.

Según los promotores del proyecto, la privatización de AySA forma parte del paquete de medidas incluidas en la Ley de Bases que habilita la venta de empresas públicas. Sin embargo, cuestionan la forma de avanzar por decreto sin control parlamentario. Sostienen que ese mecanismo atenta contra la deliberación democrática y la rendición de cuentas .

Uno de los diputados alineados con el oficialismo opositor añadió que el proyecto presentaba un resguardo clave para proteger a una empresa estratégica. Recordó que, en el caso de Aerolíneas Argentinas, se plantearon proyectos similares para evitar decisiones por decreto sin debate legislativo.

La propuesta llegó en un contexto marcado por dos decretos recientes del Ejecutivo. Mediante ellos, se autorizó el cambio del marco regulatorio de AySA y la posibilidad de venta parcial o total de las acciones estatales. Además, se habilitó el corte del suministro de agua por mora, una modificación hasta ahora vedada por normativa.

El plan oficial prevé vender hasta el 90 por ciento del capital social. El desembarco de capital privado se hará mediante licitación pública nacional e internacional. El Ejecutivo justificó la medida en el deterioro operativo y financiero de AySA y en la necesidad de atraer inversiones.

Por su parte, los legisladores opositores pidieron que estas decisiones no avance sin la voz del Congreso. Reclaman transparencia, participación ciudadana y garantías para que el servicio siga siendo accesible y de calidad. Propusieron audiencias públicas y comisiones mixtas como parte del proceso.

El proyecto oficialista fue ingresado a una comisión legislativa clave donde se debatirá su dictamen. Se aguardan posiciones definidas de otros bloques peronistas como el kirchnerismo o La Campora. Están atentos al calendario de sesiones especiales que definan la validez o rechazo de los decretos.

Mientras tanto, organizaciones sociales y sindicales expresaron preocupación. Señalaron que permitir cortes de agua por falta de pago afectaría especialmente a barrios populares y familias de bajos ingresos. Reclamaron que cualquier cambio en AySA contemple el acceso universal al servicio.

Fuente: Ámbito Financiero

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