Diputados dio media sanción a la ley de apoyo a empresas recuperadas por trabajadores
A pocas jornadas de celebrarse el Día Internacional del Trabajo, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de Ley que tiene por objeto contribuir al mantenimiento y/o creación de puestos laborales generados por empresas recuperadas por sus trabajadores organizados en Cooperativas de Trabajo.
El proyecto es de autoría de los diputados Esteban Amat Lacroix, Germán Rallé, Lino Yonar, Juan Carlos Roque Posse, Víctor Lamberto, Patricia Hucena, Laura Cartuccia, Martín Pérez y Gonzalo Caro Dávalos.
Hucena puso de relieve dar esta herramienta, este apoyo a quienes con su esfuerzo logran continuar la actividad de fábricas o empresas que cerraron por quiebra u otra situación económica. Indicó que Salta se suma a otras provincias como Buenos Aires y Santa Fe, que ya cuentan con una ley en este sentido.
Se establece que el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable será la autoridad de aplicación, la que tendrá a su cargo el desarrollo de políticas públicas que garanticen un efectivo apoyo del Estado Provincial a las empresas recuperadas de la provincia de Salta.
En tanto, la Secretaría de Trabajo de la provincia de Salta, a requerimiento de la autoridad de aplicación, se encargará de realizar una inspección en el lugar de trabajo, emitiendo un informe acabado dentro de los treinta (30) días desde el requerimiento, sobre las condiciones laborales de los trabajadores, el estado de funcionamiento de la unidad productiva y los antecedentes del establecimiento obrantes en sus registros.
La Autoridad de Aplicación deberá llevar adelante un Registro Provincial de Empresas Recuperadas por sus trabajadores, debiendo remitir además la información pertinente al Registro Nacional de Empresas Recuperadas (ReNacEr).
Se establece que las Empresas Recuperadas que se inscriban en el Registro tendrán acceso a asistencia técnica, jurídica y contable para que la empresa recuperada pueda ser sustentable en los aspectos económico, productivo y social; diferimiento del pago del Impuesto a las Actividades Económicas por un año, contando desde la inscripción de la empresa en el Registro; Líneas de créditos, programas de fomento y desarrollo tecnológico.