La Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados analizó el proyecto que propone derogar la Ley Provincial N° 8.230, con el fin de recuperar para el Estado una fracción de un inmueble en el departamento San Martín que había sido donado a la Fundación “Nueva Esperanza”.
La medida se origina tras la clausura del hogar de niños administrado por dicha organización en Salvador Mazza, dispuesta por la Secretaría de la Primera Infancia, Niñez y Familia luego de constatarse graves irregularidades en su funcionamiento.
La reunión fue encabezada por la presidenta de la comisión, diputada María del Socorro López, y contó con la participación de la impulsora de la iniciativa, Gladys Paredes, junto a los diputados Juan José Esteban y Norberto Paz.
Por el Ejecutivo provincial asistieron la secretaria de Primera Infancia, Carina Iradi, y el subsecretario de Niñez y Familia, Cristian López.
Iradi explicó que la decisión de derogar la Ley N° 8.230 y recuperar el inmueble “responde a la necesidad de garantizar que ese espacio se destine a un nuevo dispositivo que asegure condiciones adecuadas de cuidado y protección para niños, niñas y adolescentes”.
López, por su parte, destacó que “el 37% de los menores alojados en hogares de la provincia proviene de zonas fronterizas”, y subrayó la importancia de mantener un centro de contención en Salvador Mazza, pero bajo administración directa del Estado y con controles permanentes.
El cierre del hogar
La Fundación Nueva Esperanza administraba el único hogar tercerizado de la provincia, es decir, financiado con fondos públicos, pero con gestión privada.
En septiembre de 2023, la Secretaría de Niñez y Familia resolvió su clausura definitiva, luego de que se detectaran denuncias de abuso sexual, maltrato institucional y graves deficiencias en la gestión, lo que significó el incumplimiento del cargo de destino previsto en la ley de donación.
Oportunamente el subsecretario López explicó ante los medios, que en el hogar residían seis adolescentes y que, pese a los intentos previos de capacitación y supervisión, “los incidentes recientes y las irregularidades sostenidas obligaron a cerrar el lugar de forma inmediata”.
Agregó que “no hay lugar para el maltrato hacia ningún menor, bajo ninguna circunstancia”.
El funcionario recordó que ya en 2021 se habían detectado conflictos entre cuidadores y menores, lo que motivó evaluaciones y compromisos de mejora con la fundación, que no se cumplieron.
La clausura, además, fue acompañada por el traslado de los jóvenes a otros dispositivos de cuidado y por la intervención judicial correspondiente.
Recuperar el inmueble
Los diputados coincidieron en que el cierre del hogar y las graves denuncias configuran un incumplimiento agravado de las condiciones impuestas por la ley de cesión, activando las causales de revocación. Por ello, consideraron necesario restituir el inmueble al patrimonio provincial para reinstalar allí un espacio público destinado a la atención y protección de infancias vulnerables.
“La restitución del bien permitirá que vuelva a tener un fin social genuino y transparente, administrado por el Estado y con los controles que garanticen la seguridad y bienestar de los niños”, sostuvo la diputada López al cierre del encuentro.