Este martes, la Cámara de Diputados de Salta tratará una nueva prórroga a la emergencia sociosanitaria en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia, una medida que ya ha sido extendida en numerosas ocasiones desde su declaración inicial en enero de 2020 en la antesala de la pandemia.
Sin embargo, para muchos habitantes y organizaciones sociales, esta extensión no es motivo de celebración, teniendo en cuenta que hasta el momento la situación de fondo permanece sin resolverse, y las comunidades originarias del norte siguen esperando soluciones efectivas para acceder a derechos básicos, como el acceso a agua potable y servicios de salud. La posibilidad de que el alivio llegue a estas familias se ve aún más lejana desde la llegada del gobierno de Javier Milei y sus políticas de desvinculamiento del Estado y de odio desmedido a la denominada justicia social.
Emergencia desde 2020
La emergencia sociosanitaria fue declarada en los primeros meses del gobierno de Gustavo Sáenz, tras las alarmantes muertes de niños de comunidades originarias por desnutrición y falta de asistencia. En ese entonces, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 140, la situación fue formalmente reconocida y luego transformada en la Ley 8.185, que buscaba garantizar alimentos, atención en salud y agua segura para las comunidades aborígenes y criollas de Orán, San Martín y Rivadavia. No obstante, cuatro años después, las mismas necesidades insatisfechas que motivaron la emergencia aún persisten y se hacen eco permanente a través del diálogo con referentes de estos lugares.
La última extensión de la emergencia fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 249, bajo la autorización de la ley 8.410, sancionada en enero pasado para prolongar la vigencia hasta junio de 2024. A pesar de los “esfuerzos” mencionados en los considerandos del decreto, los problemas estructurales en el norte no han desaparecido. La medida no parece más que un paliativo temporal, una herramienta que, en palabras del gobierno, permite “continuar trabajando para alcanzar soluciones definitivas”, pero que a los ojos de la población afectada representa una respuesta lenta y repetitiva.
Crisis por un derecho básico insatisfecho
El acceso al agua potable sigue siendo una de las mayores carencias en el norte de Salta. A pesar de las múltiples promesas de perforación de pozos y provisión de agua segura y del espectáculo que atrajo inclusive a celebridades de la escena nacional, un gran porcentaje del territorio del Chaco salteño continúa sin acceso a este recurso vital. La falta de agua potable obliga a las comunidades a consumir agua de fuentes contaminadas, lo cual incrementa los riesgos de enfermedades gastrointestinales y deshidratación, especialmente entre niños y niñas de comunidades wichi y otras comunidades aborígenes.
Desigualdad estructural: La realidad de las comunidades originarias
Las estadísticas muestran una realidad impactante: el índice de desarrollo humano de Salta se encuentra por debajo del promedio nacional, con elevados niveles de pobreza, hacinamiento y carencias en servicios de salud y educación en las áreas más vulnerables. Para las comunidades originarias, esta situación es aún más grave. Según el Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE) de la Universidad Nacional de Salta, los hogares aborígenes enfrentan mayores tasas de analfabetismo y una grave falta de acceso a servicios básicos.
Infancias en alerta
Uno de los aspectos más críticos de esta emergencia es la situación de las infancias en las áreas más pobres del norte de Salta. Aunque la tasa de mortalidad infantil de la provincia ha mejorado en las últimas décadas, en las regiones donde habitan las comunidades originarias, como Santa Victoria Este y Tartagal, la situación continúa siendo preocupante.
Para muchas organizaciones, como la Fundación Deuda Interna y la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, la situación de emergencia en el norte es consecuencia de una deuda histórica y de décadas de políticas insuficientes por parte de los gobiernos provinciales y nacionales. La situación de las comunidades originarias refleja una problemática estructural, y aunque la emergencia sociosanitaria ha permitido cierta atención pública, las medidas temporales no han logrado garantizar los derechos más elementales de estas comunidades. Cabe recordar que la provincia se encuentra cumpliendo un plan de acción desde 2022, tras un amparo presentado por la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, por la situación de las infancias indígenas del norte salteño.