Dos altos jefes de Gendarmería imputados por el robo millonario en Orán
El segundo jefe del Escuadrón 20 de Orán de la Gendarmería Nacional, comandante Mariano González Craham, y el sargento Carlos Humberto Ibáñez, con funciones en la misma dependencia, fueron imputados por el delito de hurto agravado por tratarse de personal de una fuerza de seguridad.
La imputación, formalizada de manera conjunta por el fiscal José Luis Bruno, de la Sede Descentralizada de Orán y la auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Salta, Roxana Gual, fue aceptada por el juez federal de Garantías de esa ciudad, Gustavo Montoya.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal acusaron al comandante de ser partícipe necesario en la comisión del hecho, mientras que asignaron a Ibáñez la autoría del ilícito, el cual se habría producido el 26 de febrero pasado dentro del despacho de González Craham, quien se desempeñaba como segundo jefe.
Explicaron que, bajo su resguardo, el comandante tenía una suma de más de 7 millones de pesos, 11 teléfonos, 28 módulos de celulares, 72 sobres con repuestos, dos discos rígidos y una cantidad de 40 mil pesos pertenecientes al Tesoro del Casino de Oficiales.
Indicaron que, pese a haber advertido problemas con la cerradura de la puerta de ingreso y de la caja fuerte cinco días antes, el comandante demoró hasta el 3 de marzo para convocar a un cerrajero, fecha en que recién dio a conocer el robo.
Asimismo, la fiscalía resaltó ciertas inconsistencias en lo declarado por González Craham respecto al robo, pues aseguró que el cerrajero afirmó que las cerraduras habían sido violentadas. Ese aspecto el cerrajero negó que la cerradura de la caja fuerte hubiera sido violentada y dijo que le había llamado la atención ver al comandante con guantes de látex colocados en sus manos cuando llegó a su oficina.
También reveló que no demoró demasiado en abrir la cerradura de la caja y que, al lograrlo, González Craham la abrió y gritó que fue un robo. La fiscalía agregó otras circunstancias que develaron una conducta desaprensiva del acusado respecto al resguardo de los valores sustraídos, entre ellos el haber dejado la llave de la puerta puesta, lo que fue testificado por un gendarme de guardia que tomó foto de tal situación.
Resolvieron la prisión preventiva de ambos integrantes de la fuerza
Respecto a Ibáñez, la fiscalía indicó que el sargento viajó a Buenos Aires al otro día de que se denunció el robo, como también que presentó un audio enviado por el acusado a otro gendarme del mismo escuadrón, por medio del cual le pedía una foto de la caja fuerte saqueada.
Por otra parte, se mencionó que este suboficial fue investigado tiempo atrás por el robo de armas ocurrido en esa misma dependencia, oportunidad en la que también se fue de viaje apenas se formalizó la denuncia de la sustracción.
De esta manera, se fundó la teoría del caso, en la cual Ibáñez sería el autor material del robo, mientras que González Craham se encargó de allanarle el camino. Una vez cometido el hecho, en tanto, este último demoró en hacer la denuncia, dándole así al sargento la cobertura para ocultar el botín, aún no recuperado.
Posteriormente, la fiscalía se refirió a las diligencias llevadas adelante, tanto por esa sede fiscal como la que tiene asiento en Tartagal, donde se adoptaron las primeras medidas de investigación. También hizo referencia a los allanamientos de los domicilios de los acusados y otros sospechosos, las dos detenciones realizadas y el secuestro de teléfonos celulares y otros elementos de interés para el caso.
En función de ello, Bruno y Gual solicitaron la formalización del caso y requirieron para los dos imputados la prisión preventiva, fundada en el riesgo de fuga, dada la facilidad que tendrían ambos, por su función, para acceder a pasos no habilitados en la frontera con Bolivia.
Bruno y Gual resaltaron el peligro de entorpecimiento de las diligencias investigativas pendientes por parte de la fiscalía, lo cual podría suceder en caso de que ambos acusados estuvieran en libertad, ya que, por sus rangos y preeminencia entre los gendarmes del escuadrón, es muy probable que influyeran para perjudicar tales medidas.
Desde las defensas de ambos imputados, en tanto, se solicitó su libertad por entender que los fundamentos de riesgos de fuga y entorpecimiento no proceden, tanto por la buena conducta procesal como por el hecho de que ya se habrían realizado todas las diligencias procesales aludidas por el MPF. Al momento de resolver, el juez Montoya dio por formalizada la acusación penal instada por la fiscalía, como también hizo lugar al pedido de prisión preventiva de ambos acusados.