Salta

Dos vehículos secuestrados en la causa Ríos & Asociados terminaron en una investigación por estafas

Tres personas recibieron condenas tras una investigación de la UDEC que detectó maniobras con un Ford Focus y una Toyota Hilux ecuestrados en 2022 en el expediente contra la financiera Ríos & Asociados. Un policía con funciones como verificador recibió tres años de prisión condicional.

La causa por la falsa financiera Ríos & Asociados volvió a quedar vinculada a una investigación judicial, esta vez por maniobras realizadas con vehículos secuestrados en ese expediente y permanecían bajo custodia del Poder Judicial. Por los hechos, tres personas recibieron condenas en un juicio abreviado, entre ellas un efectivo policial que se desempeñaba como verificador.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), a cargo de la fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio, quien estuvo representada en la audiencia por el auxiliar fiscal Pablo Nieva. La jueza Claudia Puerta homologó el acuerdo y dictó las condenas.

El caso tuvo como punto de partida un Ford Focus, secuestrado en marzo de 2022 en el marco de la investigación contra Ríos & Asociados.

Los hechos y la investigación

El automóvil se encontraba físicamente en el Depósito de Secuestros del Poder Judicial y, pese a esa situación, en abril de 2024 apareció registrado a nombre de otra persona.

Además del cambio de titularidad, sobre el vehículo se constituyó una prenda por más de $11 millones. Para la Fiscalía, la operación pudo concretarse a partir de documentación que certificaba una supuesta verificación del rodado, pese a que este permanecía bajo custodia judicial.

La investigación de la UDEC estableció que César Daniel Fernández, personal policial que cumplía funciones como verificador, había firmado un Formulario 12 correspondiente al Ford Focus. Ese documento se utilizó para avanzar con la transferencia registral del vehículo y posteriormente obtener un crédito prendario.

Por estos hechos y otros relacionados, Fernández fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional, una multa de $1.296.000 e inhabilitación absoluta perpetua, además de reglas de conducta. La condena incluyó dos hechos de falsificación ideológica de instrumento público agravada por su función pública, dos hechos de estafa y 36 hechos de concusión.

La Toyota Hilux, también secuestrada en Ríos & Asociados

Durante el avance de la investigación surgió una segunda maniobra vinculada con otro vehículo que también había sido secuestrado en la causa Ríos & Asociados.

Se trata de una Toyota Hilux, incautada en marzo de 2022 y posteriormente entregada en depósito judicial al Área de Movilidad del Poder Judicial. Durante uno de los allanamientos realizados por la UDEC se encontró documentación relacionada con el rodado.

Entre los elementos secuestrados había un Formulario 12 firmado por Fernández, un Formulario 08 mediante el cual se simulaba la compraventa de la camioneta por $13 millones y documentación vinculada con un crédito prendario.

El titular registral del vehículo declaró ante la UDEC que nunca había vendido la camioneta y explicó que años antes la había entregado a la financiera como parte de una inversión.Para la Fiscalía, la documentación permitió establecer que Fernández volvió a intervenir mediante la verificación del vehículo, mientras que Ángel Emanuel Franco participó en la maniobra destinada a concretar la transferencia y obtener el crédito prendario.

Franco recibió una condena a un año de prisión de ejecución condicional por dos hechos de estafa en concurso ideal con dos hechos de uso de instrumento público falso. En tanto, Mariela del Valle Herrera, quien se desempeñaba como gestora, recibió la misma pena por un hecho de estafa en concurso ideal con uso de instrumento público falso.

El rol de los condenados

La investigación determinó que Franco habría actuado como nexo entre las distintas personas involucradas en las operaciones. En el caso de Herrera, los investigadores establecieron que había consultado ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor el estado del dominio y mantenido numerosas comunicaciones con Franco durante los días en que se realizaron los trámites.

Además de las maniobras vinculadas con los dos vehículos secuestrados en la causa Ríos & Asociados, la UDEC detectó otras irregularidades relacionadas con la función que cumplía Fernández como verificador policial.

Durante el allanamiento de su domicilio se encontraron 500 formularios de verificación vehicular.

A partir del análisis de esa documentación y de distintas declaraciones testimoniales, los investigadores establecieron 36 hechos en los que Fernández habría realizado verificaciones y recibido dinero en efectivo que no fue rendido ni ingresó al Fondo Único Policial.

Como parte de la resolución judicial, también se dispuso la anulación de la inscripción registral correspondiente al Ford Focus y del Formulario 08 vinculado con la Toyota Hilux.

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