Eduardo del Castillo acusa a Evo Morales de ser el principal enemigo del partido

El candidato presidencial del Movimiento al Socialismo se distancia del exmandatario, profundizando la división interna en el oficialismo boliviano.
En medio de una creciente fractura dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), el candidato presidencial Eduardo del Castillo ha señalado al expresidente Evo Morales como el “principal enemigo” del partido.
Del Castillo, exministro de Gobierno, afirmó que Morales no acepta su inhabilitación constitucional y carece de representación legal para las elecciones del 17 de agosto.
La declaración de Del Castillo se produce tras la exclusión de Morales de la dirección del MAS y su intento fallido de inscribirse como candidato a través de otras agrupaciones políticas. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó su postulación debido a la falta de personería jurídica de las siglas utilizadas.
Simultáneamente, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, también vinculado a Morales, anunció una “vigilia permanente” en defensa de su candidatura, luego de que el TSE suspendiera temporalmente su inscripción como aspirante presidencial por la alianza Alianza Popular.
Movilizaciones y llamados a la calma
En respuesta a estas decisiones, sectores afines a Morales iniciaron movilizaciones, comenzando con un “acullico” (masticado de coca) en la autopista La Paz-El Alto como forma simbólica de protesta. Juan Enrique Mamani, dirigente evista, advirtió que “vamos a ir incrementando la presión”.
Ante el aumento de tensiones y protestas, la Fiscalía General del Estado hizo un llamado público a la ciudadanía a mantener la calma y evitar actos de confrontación.
El presidente Luis Arce nombró a Roberto Ríos como nuevo ministro de Gobierno, en reemplazo de Del Castillo, quien dejó el cargo para competir en las elecciones presidenciales. Arce elogió la labor de Del Castillo al frente del ministerio, destacando que durante su gestión “no se ha tenido que lamentar un solo fallecido durante los conflictos sociales”.
Fuente: La Nación