EE.UU. presentó un amicus curiae para frenar la entrega del 51% de las acciones YPF de Argentina
EE.UU. en apoyo de Argentina presentó un amicus curiae para frenar la entrega del 51% de las acciones de YPF. Además buscan evitar tensionar y romper lazos comerciales.
La Justicia estadounidense recibió un nuevo amicus curiae presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en apoyo de Argentina. Esto se presentó con el objetivo de frenar la entrega del 51 % de las acciones de YPF, ordenada como pago de una millonaria indemnización.
A través de este documento, firmado por David E. Farber, la administración de Trump considera que la transferencia podría violar principios esenciales de inmunidad soberana y entorpecer las relaciones internacionales.
Según el texto presentado en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York, otorgar la propiedad de las acciones transferiría el control de una estratégica petrolera a fondos litigiosos. Asimismo, esto “contradeciría normas sobre inmunidad soberana y sentaría un peligroso precedente” si un juez puede obligar a otro Estado a desprenderse de activos registrados fuera de Estados Unidos. Además, se advierte que esta medida podría obligar al Poder Ejecutivo y al Congreso argentino a violar su propia legislación al transferir acciones nacionales sin aprobación parlamentaria.
La campaña legal de Argentina busca consolidar su estrategia de apelación, prevista para el 22 de julio. Además ya incluye apoyos de otros países como Uruguay, Paraguay, El Salvador, Italia, Francia y Alemania, según fuentes vinculadas al caso.
EE.UU. y la suspensión previa
El recurso estadounidense se suma a una suspensión previa dictada por la Cámara de Apelaciones, que salió al cruce de la orden original de la jueza Preska. La magistrado dispuso la entrega del 51 % de YPF para saldar una deuda de 16.100 millones de dólares con fondos Petersen y Eton Park, ahora representados por Burford Capital.
En el escrito, Estados Unidos sostiene también que el fallo de la jueza Preska podría afectar derechos soberanos y restringir la capacidad argentina para manejar sus activos estratégicos.
En tanto, los fondos demandantes admitieron que podrían aceptar garantías alternativas o condiciones para mantener el estatus quo de las acciones en tanto se resuelve el proceso.
Fuente: Ámbito Financiero