Ejecutivo presenta demanda para detener investigaciones contra Dina Boluarte
El Ejecutivo Presenta Demanda Ante el Tribunal Constitucional para Detener Investigaciones Contra Dina Boluarte por muertes en protestas, cohecho y encubrimiento personal
A finales de julio, el Ejecutivo presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) en un intento de detener las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte.
Estas investigaciones incluyen casos relacionados con las muertes en las protestas antigubernamentales, el denominado “Rolexgate”, y la desactivación de un equipo policial anticorrupción horas antes del arresto de su hermano, Nicanor Boluarte.
Según el documento difundido este martes por *La República, el procurador especializado en materia constitucional, Luis Huerta, representa al Gobierno en este proceso.
La demanda se basa en la supuesta vulneración de la competencia de la presidenta para “dirigir la política general del gobierno”, según la interpretación del Ministerio Público y el Poder Judicial del artículo 117 de la Constitución.
El documento señala que hasta la fecha, el Tribunal Constitucional no se pronuncio sobre si esta interpretación es compatible con las garantías necesarias para el ejercicio de las competencias asignadas al presidente de la República.
Además, se plantea si esta interpretación es coherente con las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado peruano en materia de lucha contra la corrupción y la investigación de graves violaciones de derechos humanos.
Investigaciones en Curso
La demanda del Ejecutivo cuestiona varias resoluciones fiscales que han permitido iniciar diligencias preliminares contra Boluarte.
Estas investigaciones abarcan cargos graves, como genocidio, homicidio, lesiones graves, enriquecimiento ilícito, cohecho, encubrimiento personal y abuso de autoridad. Además, se incluye la resolución judicial que autorizó el allanamiento de la residencia de la presidenta.
La finalidad de la demanda, según el texto, es determinar si la inmunidad presidencial también implica un límite a las competencias del Ministerio Público y del Poder Judicial para investigar al presidente de la República por presuntos delitos.
De confirmarse esta limitación, podría representar un retroceso significativo en la lucha contra la corrupción en el país.
El documento enfatiza que las competencias asignadas al Ministerio Público y al Poder Judicial no deben ser utilizadas de manera que afecten la competencia del presidente de la República.
“Dicha afectación se presenta como consecuencia de la interpretación que ambas instituciones han venido realizando sobre el artículo 117 de la Constitución”, se lee en el texto.
Reacciones y Procedimientos
El proceso competencial ingresado al Tribunal Constitucional el pasado 25 de julio. Los magistrados del TC deberán evaluar si la demanda cumple con los requisitos para su admisión.
Posteriormente, se notificará al Ministerio Público y al Poder Judicial, que tendrán un plazo de 30 días para responder.
En mayo pasado, el jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, explicó que la demanda tenía como objetivo “resguardar la institucionalidad de la figura presidencial” y afirmó que Boluarte enfrentaba “una persecución sistemática e inconstitucional”.
Este movimiento por parte del Ejecutivo refleja la compleja situación política y judicial que enfrenta la administración de Dina Boluarte, en un contexto de creciente tensión y escrutinio tanto a nivel nacional como internacional.
Los próximos pasos del Tribunal Constitucional serán cruciales para definir los límites de la inmunidad presidencial y el alcance de las investigaciones en curso.