El año más duro para la discapacidad
El 3 de diciembre vuelve a encontrar a la Argentina —y particularmente a Salta— en un escenario de retrocesos profundos para las personas con discapacidad.
En un contexto nacional signado por recortes, desfinanciamiento y desprotección, la fecha se convierte este año, más que en una conmemoración, en un llamado urgente a la reflexión colectiva. Así lo advierten referentes del sector en diálogo con Nuevo Diario, que exponen un panorama crítico, donde la vulneración de derechos dejó de ser una amenaza futura para convertirse en una realidad cotidiana.
Un año atravesado por la crisis
“Este año fue el más complejo de todo el sector de discapacidad”, resume Luis González, referente de Padres TEA TGD Salta. A tres semanas de que termine 2025, la Ley de Emergencia en Discapacidad —aprobada como respuesta a una situación extrema— sigue sin cumplirse. Obras sociales sin pago, instituciones colapsadas, terapias interrumpidas y familias obligadas a sostener tratamientos esenciales sin apoyo estatal: ese es hoy el escenario.
González subraya que la quita de apoyos “no se va a ver en un futuro, se la está viendo ahora”. Personas sin obra social, sin acompañamiento terapéutico, sin prestaciones básicas. “Tenemos entre el 80 y el 90% de los adultos con discapacidad sin un trabajo formal y viviendo con sus padres”, advierte.
El diagnóstico no es nuevo, pero la intensidad del deterioro sí. La política del gobierno de Javier Milei —basada en recortes, eliminación de programas y retrasos sistemáticos de pagos— profundizó desigualdades históricas y desarticuló mecanismos de cuidado esenciales para una población ya vulnerada.
La falta de presencia estatal se repite como un hilo conductor en los testimonios. “No se trata sólo de cubrir tratamientos, sino de garantizar cultura, educación, trabajo, accesibilidad a la vivienda. Es un modo de vivir”, sostiene González. Para él, hablar de inclusión es insuficiente: “Si hablamos de inclusión es porque alguien está afuera. Tenemos que pasar de la inclusión a la convivencia”.
En Salta, la restitución reciente de pensiones —tras la intervención del gobernador— expuso la magnitud del abandono a nivel nacional. “Las personas con discapacidad son sujetas de derecho. Tienen derecho a elegir a qué escuela ir, qué actividades desarrollar, a una vida independiente. Eso hoy está en riesgo”, agrega.
La discapacidad no es ajena ni excepcional. “Nadie está exento”, recuerda González. Un ACV, un accidente vial —una de las principales causas de discapacidad en el país— pueden transformar la vida de cualquier persona de un día para el otro. Por eso, insiste: “La discapacidad no te importa hasta que te toca”. Y en un tiempo dominado por el individualismo, invita a volver a pensar la empatía: ¿qué pasaría si estuviera en su lugar?.
Convivencia, dignidad y una sociedad que abrace
Karina Alegre, presidenta de la Fundación de Rehabilitación Neurológica Divino Niño de San Lorenzo, aporta otra capa a la reflexión. Desde el trabajo cotidiano con jóvenes con parálisis cerebral, describe un contexto de “abandono y desidia del Estado”, pero también de resistencia. “El Día de la Discapacidad no es sólo una efeméride. Es un día para hablar de convivir con una realidad que nos atraviesa a todos, discapacitados o no”, expresa.
Su mensaje apunta a desterrar la idea de que discapacidad es sinónimo de exclusión. Alegre sostiene que la sociedad debe movilizarse en defensa de la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad. “Visibilizar no es un gesto liviano; es una acción política que busca que participen de la sociedad en igualdad de condiciones”, afirma.
En lo personal, reconoce que su aprendizaje proviene de sus “maestros”: 21 jóvenes con parálisis cerebral y cinco que ya no están. “Ellos me guían y me dan ese empujoncito para creer que algún día lograremos la verdadera inclusión, esa que se practica y no se declama”. Y concluye con una frase que resuena en este tiempo de retrocesos: “El Estado es sociedad y la sociedad es Estado. Necesitamos que nos acompañen a seguir trabajando por y para ellos”.
En este contexto, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad se aleja de la celebración y se acerca a un posicionamiento político y ético: visibilizar derechos vulnerados y exigir políticas públicas sostenidas. Las organizaciones advierten que no hay inclusión posible sin un Estado presente; que no hay autonomía sin accesibilidad ni oportunidades; que no hay convivencia sin derribar prejuicios. Lo que está en juego no es sólo la continuidad de tratamientos, sino la posibilidad de una vida digna.
“Vivamos como lo que debería ser: una fiesta —dice Alegre—. Pero para que sea una fiesta real, primero deben existir derechos garantizados”. El desafío es enorme. La deuda, histórica. La urgencia, ahora.