El CAIDIS cuestionó el aumento de aranceles y el cierre de instituciones
El CAIDIS advierte que el reciente incremento aplicado al sistema de atención a personas con discapacidad no cubre el atraso acumulado. Además denuncia el cierre de instituciones y convocan a una acción estatal urgente.
El sector de atención a personas con discapacidad atraviesa un momento crítico. Aunque el estado anunció un aumento del 29 % al 35 % en los aranceles del sistema para el último trimestre del año. Además las entidades que brindan servicios denuncian que la medida resulta absolutamente insuficiente frente al atraso acumulado de más de un 70 %.
En concreto, Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS) cuestionó que los incrementos llegan “tarde y mal”, incumpliendo la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada en 2024. Según esta organización, alrededor de una de cada cinco instituciones en la provincia de Buenos Aires ya cesó su actividad en los últimos meses y la situación podría profundizarse.
Los prestadores advierten que el aumento anunciado no contempla ni el retroactivo por los meses de atraso, ni los costos reales de funcionamiento, como salarios, cargas sociales, transporte adaptado, alimentación, mantenimiento técnico que se incrementan continuamente. Además, los nuevos valores sólo se esperan para marzo-abril de 2026, por el mecanismo de facturación a mes vencido, lo que retrasa la llegada de los fondos.
Ante esta situación, CAIDIS y otras organizaciones presentaron un amparo colectivo ante la Justicia para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la restitución de los aranceles previstos. Según estimaciones del sector, la deuda estatal con los prestadores supera los dos años de mora.
El sistema abarca a más de 300.000 personas en todo el país que reciben servicios de educación especial, atención médica, transporte adaptado. Además de acompañamiento terapéutico, muchas veces a través de entidades privadas o sin fines de lucro que dependen de los aranceles. Las fuentes coinciden en que, sin una intervención urgente y fondos que permitan la sustentabilidad, la atención continuará deteriorándose.
El reclamo actual apunta a que el Estado ajuste la escala de aranceles conforme a la inflación real y a los costos operativos del sistema, que liquide las deudas pendientes y que se comprometa con una financiación sostenida. Solamente con esos pasos, sostienen los prestadores, se podrá resguardar una atención digna y ampliar la cobertura para quienes la necesitan.
Fuente: Ámbito Financiero