El CIF confirma quema intencional y contaminación en el vertedero de los valles
El Dr. Sebastián Iparraguerre analizó los resultados de una reciente investigación del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) sobre el manejo del vertedero de los Valles Calchaquíes.
La investigación se inició tras una denuncia presentada en junio por el propio Iparraguerre, dirigida contra el consorcio y los intendentes que lo integran, por el estado crítico del predio.
Iparraguerre explicó que, a partir de esa denuncia, se presentó el CIF para tomar noción del estado del vertedero.
El informe elaborado por los peritos —agregado la semana pasada al expediente— arrojó conclusiones contundentes.
Según detalló, el CIF determinó que los incendios registrados en el vertedero no son accidentales ni provocados por terceros.
“Había una discusión grande sobre el tema de los incendios, que hablaban de terceras personas o que los incendios serían espontáneos. El CIF concluyó que los incendios son una práctica hecha por el consorcio a los fines de reducir la cantidad de basura”, afirmó.
El organismo también constató un grave nivel de contaminación ambiental. El informe describe afectación aérea por los humos tóxicos de la quema, contaminación del suelo y daño a las napas subterráneas. Ante este panorama, los peritos recomendaron cesar de inmediato los incendios y diseñar un plan integral de gestión, inexistente hasta el momento.
Pedidos a las municipalidades
En cuanto a los requerimientos a los municipios involucrados, Iparraguerre señaló que la Municipalidad de Animaná —actual presidencia del consorcio— solo informó sobre el marco de funcionamiento, pero no presentó un plan de gestión ambiental.
A la vez, el CIF detectó residuos que no deberían estar en el predio. Entre ellos, materiales peligrosos como neumáticos, plásticos, químicos utilizados en la fabricación de pinturas y disolventes, además de residuos hospitalarios que requieren tratamiento especial.
“Todo eso es lo que genera la contaminación y es todo lo que se pidió, que se determinó que no puede estar en ese lugar”, remarcó.
Consultado sobre la respuesta judicial frente a estas prácticas, Iparraguerre explicó que la Fiscalía cuenta con herramientas legales para intervenir. Señaló que la ley 7070 habilita la presentación de un amparo ambiental y adelantó que el Ministerio Público ya evalúa su interposición.
“La justicia lo que tiene que hacer ahora es actuar. Nosotros lo que hicimos fue solamente hacer una denuncia, que es lo que nos habilita la ley. Las acciones concretas dependen de los funcionarios públicos”, afirmó.
El abogado sostuvo que, además de la Fiscalía, los concejos deliberantes de los tres municipios que integran el consorcio también están facultados para iniciar acciones para frenar el deterioro ambiental y exigir el cumplimiento de las normas vigentes.