El Concejo pidió a la Fiscalía la denuncia contra el concejal de LLA, Maximiliano Casasola
El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta dio este viernes el primer paso institucional para abordar la situación del concejal libertario Maximiliano Casasola, denunciado por violencia de género.
En una reunión de la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial, los ediles acordaron solicitar al Ministerio Público Fiscal la remisión de la denuncia radicada en su contra. El objetivo de la medida es contar con la documentación y los antecedentes correspondientes para evaluar las actuaciones que pudieran corresponder en el ámbito legislativo.
La convocatoria a la reunión se originó a partir del pedido formulado durante la última sesión por las concejalas Malvina Gareca (PC) y Eliana Chuchuy (PS), quienes plantearon la necesidad de que el Concejo analice institucionalmente los hechos denunciados. Durante el encuentro, los integrantes de la comisión resolvieron requerir formalmente la información al organismo judicial para poder analizar el caso con base en la documentación oficial.
De la reunión participaron el presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile (PS), y los presidentes de bloque Eliana Chuchuy (PS), José García (YP), Inés Bennassar (GSC), Laura García (VS), Laura Jorge Saravia (LLA), Gonzalo Nieva (J) y Ángel Ortiz (UCR).
La denuncia contra Casasola fue radicada a comienzos de enero y se encuentra en trámite en la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género Nº1. Según consta en el acta policial a la que accedió Nuevo Diario, los hechos denunciados se remontan al 20 de diciembre de 2025. De acuerdo con la denuncia, tras una discusión en el domicilio que ambos compartían en barrio Castañares, el concejal habría propinado a su entonces pareja “una patada” en las piernas. La mujer señaló que mantuvieron una relación de aproximadamente diez años y que durante la convivencia se registraron distintos episodios de violencia.
Luego del hecho denunciado, la mujer decidió abandonar la vivienda y trasladarse a la casa de sus padres, en barrio Alto La Viña, por temor a nuevas agresiones.
El caso vuelve a colocar al Concejo Deliberante capitalino en el centro de la polémica por denuncias de violencia de género que involucran a funcionarios públicos. En ese marco, la intervención de la Comisión de Disciplina representa el primer paso institucional para determinar si existen elementos que ameriten la apertura de un proceso formal dentro del cuerpo legislativo.