El Consejo Interuniversitario Nacional rechaza el presupuesto 2026 por considerarlo insuficiente
El Consejo Interuniversitario Nacional expresó su rechazo al proyecto de presupuesto 2026 presentado por Milei. Según el CIN, la asignación de $4,8 billones para las universidades públicas no es suficiente y no cubre las necesidades reales del sistema universitario..
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de las universidades públicas argentinas, manifestó su rechazo al proyecto de presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei. En un comunicado oficial, el CIN advirtió que la asignación de $4,8 billones para las universidades nacionales no cubre las necesidades reales del sistema universitario y científico del país.
Según el CIN, la cifra propuesta implica anualizar lo percibido a diciembre de 2025, lo que representa un estancamiento en los recursos destinados a las casas de estudio. Las autoridades universitarias sostienen que se requieren al menos $7,3 billones para garantizar el funcionamiento normal de las instituciones educativas.
El rechazo al presupuesto se enmarca en un contexto de creciente preocupación por parte de la comunidad universitaria. En las últimas semanas, se han registrado movilizaciones y paros en diversas universidades del país en protesta por los recortes presupuestarios y los vetos presidenciales a leyes clave para el financiamiento educativo y la emergencia pediátrica.
El CIN instó al Congreso de la Nación a rechazar el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y a garantizar una asignación presupuestaria adecuada para el sistema educativo superior. Las autoridades universitarias enfatizaron la importancia de defender la educación pública como un derecho fundamental para el desarrollo del país.
La movilización en defensa del presupuesto universitario se intensificará en los próximos días, con marchas y actividades programadas en diversas ciudades del país. La comunidad universitaria busca visibilizar su reclamo y presionar para obtener una respuesta favorable por parte del gobierno y el Congreso.
Fuente: Ámbito Financiero