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El descontrol del pozo petrolero de Pichanal llegó a la agenda de la cumbre de cambio climático

El desastre ambiental de Pichanal, que durante meses denuncian comunidades y especialistas en Salta llegó a la escena global.

En el marco de la Cumbre Climática 2025 —la COP 30 en Belém do Pará, también conocida como la “COP del Bosque”— el representante de Greenpeace Argentina, Hernán Giardini, llevó al pleno del encuentro una advertencia que impactó de lleno: el pozo petrolero Lomas de Olmedo X-10 (LO X-10), ubicado en Pichanal, es un “Chernobyl salteño” en pleno avance.

La denuncia internacional puso bajo la lupa un fenómeno que se viene reportando hace meses: emanaciones tóxicas, contaminación de suelos y agua, muerte masiva de animales, desplazamiento de familias y destrucción del bosque nativo.  Durante su intervención en Belém, Giardini mostró imágenes tomadas por Greenpeace días antes en Lomas de Olmedo: árboles secos de pie, suelo quemado por fluidos corrosivos, animales muertos y una nube densa de gases que envuelve al bosque.

“Mientras el mundo discute cómo abandonar los combustibles fósiles, en Argentina tenemos un pozo petrolero abandonado en medio del bosque, liberando gases y creando riesgo de incendios. Los gobiernos provincial y nacional deben actuar urgente y remediar este Chernobyl salteño”, afirmó Giardini.

La exposición generó una fuerte repercusión internacional: la comparación con Chernobyl fue replicada por medios de Brasil, Europa y organismos ambientales presentes en la cumbre en la puerta de la Amazonia. Las consecuencias son devastadoras: más de 350 animales muertos; familias desplazadas; aguas contaminadas en lagunas y zonas de pastoreo; impacto severo sobre especies vulnerables y el riesgo extremo y permanente de incendios por la presencia de gases inflamables en superficie.

Una emergencia anunciada

La situación en Pichanal no tomó por sorpresa a los especialistas. Cabe recordar que el biólogo Enrique Derlindati, doctor en Biología y referente ambiental en el norte del país, había alertado — en diálogo con Nuevo Diario en junio de este año— que el pozo X-10 se encontraba en riesgo crítico. “La denuncia tiene al menos dos años. Lo grave es que la respuesta fue tan tardía que, en la práctica, se vuelve inexistente”, afirmaba Derlindati.

El científico explicaba en ese momento que este tipo de incidentes no son excepcionales, sino parte de un patrón de abandono de pozos mal sellados desde Bolivia hasta el norte argentino. Señalaba asimismo que, aunque el impacto actual es “muy local”, la ausencia de políticas preventivas puede replicar desastres a mayor escala. También cuestionó la falta de información básica, en línea con lo que dio a conocer Greenpeace en Brasil: la falta de estudios independientes sobre contaminación; la ausencia en ese momento de convocatoria a universidades ni centros de investigación; la llegada tardía del Comité de Crisis: “Existe una desconexión total entre la ciencia y las decisiones ambientales en Salta”, sentenciaba el especialista salteño.

El abogado ambientalista Pedro Arancibia coincidía con el diagnóstico y era categórico en junio: “Hace dos años debió haberse hecho. El Estado es solidariamente responsable: quienes hicieron, quienes no hicieron y quienes dejaron de hacer”.

El Gobierno de Salta sostiene que mantiene un “control técnico permanente” sobre el pozo y que instaló un perímetro de seguridad de 800 metros. También informó mediciones de CO2, desvío de caminos, vigilancia policial y estudios de infiltración.

Sin embargo: animales muertos siguen apareciendo, incluso en zonas cercanas al perímetro; comunidades evacuaron sus viviendas por los gases tóxicos; la fuga continúa y se intensificó, según los peritajes del propio CIF y lo denunciado por Greenpeace. A eso se le suma la inexistencia de un plan público detallado para sellar o controlar la emanación.

Los pobladores de los parajes Lomas de Olmedo y La Estrella llevan meses documentando la devastación. “El monte agoniza”, dijeron. “Hay vacas muertas por todos lados”. “Nadie se hace cargo”, son las expresiones permanentes, en la zona, en diálogo con la prensa y en las redes sociales. Y entre los reclamos urgentes exigen: el control inmediato de la fuga, la declaración de Emergencia Ambiental; la publicación de estudios oficiales; asistencia sanitaria y económica. Para las comunidades, cada día sin respuestas, profundiza el ecocidio.

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