El diputado Carlos Zapata está imputado por falsa denuncia contra Mario Peña
La imputación está vinculada a una denuncia que el legislador presentó hace algunos años contra la empresa Saturno SRL donde alertaba supuestos pagos irregulares de pauta oficial por parte del Gobierno Provincial.
La investigación desplegada por el equipo fiscal reveló indicios de documentación adulterada utilizada para respaldar la denuncia de Carlos Zapata.
Estos hallazgos llevaron a la imputación del diputado nacional ante la justicia, siendo acusado de "falsa denuncia y falsificación de instrumento en concurso real".
La denuncia se conoció a fines de 2020, y a partir de la misma, el legislador Zapata instaba a la Procuración General de la Provincia a realizar una “investigación inmediata” por fraude a la administración pública e incumplimiento de deberes como funcionario público.
En la denuncia en cuestión el legislador nacional aseguraba que hubo cobros indebidos de publicidad equivalentes a casi un millón y medio de pesos en 2020 realizados por la firma Saturno SRL, de Mario Ernesto Peña, en relación a un programa de radio que debía emitirse durante 6 meses, pero no se llegó al total, sin embargo, el dinero fue aprobado para el cobro por el entonces secretario de Prensa y Comunicación de la Provincia, Víctor Lamberto.
La denuncia
Según lo establecido en la nota, entonces dirigida al entonces Procurador General de la Provincia Abel Cornejo, se detallaba que entre enero y julio de ese año la Secretaría de Prensa dio por aprobadas, contrataciones de pauta publicitaria por un total $6.764.000 con Saturno SRL, de los cuales $3.174.000 estarían destinados a la pauta en tres programas radiales de la FM Aries que responde a la firma Saturno SRL.
El problema surge cuando al enterarse Zapata por un amigo, a quien pide resguardar la identidad en el mismo escrito, que uno de los programas por el que se debía pagar aproximadamente $370.000 de pauta publicitaria al mes, estuvo al aire entre los meses de marzo y mayo de 2020, sin embargo, fueron expedidos los supuestos cheques para el cobro de los meses de enero, febrero, junio y julio, en total cuatro meses durante los cuales ese programa radial no fue emitido. Lo que significaría un cobro extra de $1.480.000.
En ese sentido, el denunciante señalaba como irregularidades la “Expedición de actuaciones administrativas autorizando pagos, pero no suscriptas por el funcionario competente según Decreto 309/2020, siendo responsables el autorizado por la norma por ser su obligación y el que efectivamente insertó su firma en dichos instrumentos”.