El empresario agrícola Claudio Ferrari reprimió con violencia wichís el último día de 2025
El 31 de diciembre de 2025, cuando muchas familias se preparaban para celebrar la llegada del nuevo año, el pueblo wichí de Misión Chaqueña, en la localidad de Embarcación, atravesó una jornada marcada por la violencia y el miedo.
Según denunciaron las comunidades originarias, que expusieron con videos e imágenes de extrema violencia, durante la tarde de ese martes el empresario agrícola Claudio Ferrari irrumpió en el territorio comunitario armado con un machete y atacó a integrantes del pueblo wichí que se encontraban organizados para resistir el avance de alambrados sobre tierras ancestrales. De acuerdo a los testimonios difundidos por las propias comunidades y organizaciones que acompañan el reclamo, varias personas resultaron heridas durante el episodio. Las familias wichí sostienen que se trató de un hecho de extrema gravedad, que podría encuadrarse como intento de homicidio, y denuncian que, pese a la reiteración de los ataques y las presentaciones realizadas, no hubo una respuesta judicial efectiva ni medidas urgentes de protección.
El conflicto no es nuevo. Desde hace al menos dos años, las comunidades de Misión Chaqueña y Misión Carboncito vienen denunciando el ingreso reiterado de Ferrari y de trabajadores enviados por él para desmontar, quemar y alambrar una extensa franja de monte nativo. Se trata de un territorio de aproximadamente cinco mil hectáreas, ubicado a unos 40 kilómetros de Embarcación, que las comunidades habitan desde tiempos ancestrales y que resulta clave para la comunicación intercomunitaria, la subsistencia y la continuidad cultural.
Las mujeres wichí ocupan un rol central en esta resistencia. Desde noviembre de 2022, madres, abuelas y jóvenes sostienen acampes y acciones directas para frenar el desmonte. Denuncian hostigamientos constantes, amenazas y la presencia de patotas contratadas para intimidarlas. “Somos la voz del monte, vamos a resistir hasta que se frene el atropello”, expresó Marta Herrera, una de las referentes comunitarias, en declaraciones difundidas por la propia comunidad.
Entre los reclamos principales se encuentra la paralización inmediata del desmonte, la expulsión de Ferrari y sus trabajadores del territorio y la intervención urgente de las autoridades provinciales y nacionales. Las comunidades recuerdan que sus tierras cuentan con relevamiento territorial y registro ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y que la legislación vigente reconoce el derecho a la posesión y propiedad comunitaria indígena, así como a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, derechos consagrados también en la Ley 24.071. Sin embargo, denuncian que el Estado argentino mantiene una deuda histórica al no avanzar en la entrega efectiva de los títulos de propiedad comunitaria. Esa ausencia, advierten, deja a las comunidades en una situación de extrema vulnerabilidad frente a intereses económicos y políticos locales. En ese marco, también se hicieron públicas denuncias internas por presuntos acuerdos individuales entre algunos representantes de las comunidades y el empresario, lo que generó tensiones y desconfianza. Además, se cuestionó el accionar del vocal wichí del IPPIS, José Rodríguez, a quien acusan de no acompañar el reclamo ni ejercer una representación efectiva.
En el plano judicial, las comunidades expresaron su preocupación por la falta de respuestas de jueces y fiscales ante las múltiples denuncias presentadas, y señalaron particularmente las dificultades para establecer diálogo con la fiscal interviniente en la causa. Mientras tanto, el avance del desmonte y los episodios de violencia continúan profundizando el conflicto.