El ENRESP acciona para acabar con el privilegio del agua en los barrios privados

Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP) habló con Nuevo Diario sobre la situación de inequidad en el cobro del agua en barrios privados de Salta. Confirmó que tienen el plazo de un mes para regularizar el pago quienes abusan y roban el agua pagando $4 por mes, cuando un pobre paga $500.

Desde el ENRESP quedó confirmado que empezaron los controles de agua en lo que son los barrios privados porque detectaron que pagan $450 pesos por hectárea, por año. Es decir que cada casa de 1.000 M2 con pileta y riego, pagan $4, o menos por mes.

"Esto habla de una inequidad que contrasta con la de una familia pobre de la zona periferica del conglomerado de barrios humildes, que está pagando $500 por mes promedio. Es decir, que el pobre paga 100 veces más", remarcó Carlos "Uluncha" Saravia.

El ENRESP ya emplazó a los barrios privados a regularizar la situación y tienen un mes de plazo para presentar toda la documentación para regular lo que llamó "una situación anárquiza existente porque después de esta regularización vamos a pedir que vengan al ENRESP la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios, que vengan también las autoridades legislativas, porque se acabó el privilegio con el agua. Cómo puede ser que el que más tiene pague menos", enfatizó. 

Informó que ya están enviando los avisos donde les comunican que "tienen un mes de plazo para regularizar esta situación anárquica existente y despues de esto a pagar seguros y garantizar que si hay un problema con el agua, alguien va a pagar los daños que generen. Por supuesto que también vamos a controlar el tratamiento de los aguas servidas porque los barrios privados también tiran los afluentes al río", aseveró.

Saravia habló que se trata de una situación de inequidad existente porque "es justamente esta gente la que habla con mucha crítica al Estado, pero cuando tienen la oportunidad de abusar, de excederse, de robar el agua, lo hacen y vamos a aplicar con todo el rigor de la ley las sanciones que correspondan", indicó.

Explicó que este trabajo del ENRESP es un ejercicio y una facultad que tienen por el Decreto 2299/03 que reglamenta el código de agua. El artículo 68 establece que lo que es el abastecimiento de agua para uso poblacional lo tiene que reglamentar el ente regulador.

Afirmó que tienen conocimiento de que los barrios privados captan el agua inclusive "por encima de los cupos que les otorgan, es decir que se abusan con los caudales que extraen de drenes, de vertientes o de pozos".

Por otro lado indicó que también están sin ningún tipo de control en lo que es el proceso de calidad del agua, de lo que es el excedente cloacal y su tratamiento. Tampoco pagan seguros de responsabilidad civil ni seguro ambiental.

"Entonces lo que se está planteando ahora es un proyecto que tiene por imperio la ley que nos rige, tiene 30 días de consulta, vamos a llamarlo a todos los interesados y después de que vengan, vamos a sacar con todos los aportes, una normativa definitiva", señaló.

Según un relevamiento hasta hoy los desarrolladores inmobiliarios solamente pagan el canon de riego de $450 por hectárea por año. Esto dividido en lo que son countries con lotes de 800 o 1000 metros, con pago es anual, la división da como resultado $3 o $4 por mes.

"Es increíble la inequidad social que se expresa en que una persona pobre esté pagando $500 promedio por mes, con un lote de  10 x 20, y esta gente con pileta y riego en su casa no paga nada o eventualmente pagan valores muy inferiores", reveló.

Saravia se mostró conforme con lo que vienen trabajando y instó a los desarrolladores a actuar con compromiso y con más responsabilidad y a todos aquellos que se inmiscuyen a operar cuando no están ni siquiera autorizados.

Remarcó que habrá sanciones para los que no cumplan con esta presentación de la documentación requerida y desde el momento que los desarrolladores pasen a ser subprestadores, van a tener que cumplir obligaciones y eventualmente, también derecho a cobrar tarifas.

Indicó que "esto también vamos a analizar en base a un estudio de la economía, que según la normativa tienen que tener una contabilidad independiente. Ellos tienen que venir a acreditar cuánto es lo que gastan, en qué gastan, cuál es la infraestructura que recién ahí nosotros evaluar la situación", concluyó Saravia.