El ENRESP defendió la revisión tarifaria y advirtió sobre la crisis energética
Durante el inicio de la audiencia pública para analizar el servicio de agua potable y saneamiento de COSAySa, el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia, defendió el proceso de revisión tarifaria y señaló que se realiza con respaldo técnico de consultores de la UBA y el Conicet.
Afirmó que el servicio es esencial para casi 350.000 usuarios y que las inversiones provinciales de los últimos años permitieron mejoras para más de 56.000 familias, especialmente en el norte.
Saravia explicó que la empresa reclama una recomposición por el congelamiento tarifario y el impacto de una inflación superior al 200% interanual, pero aclaró que cualquier actualización está limitada por la Ley 8457, que fija un techo basado en el IPC del INDEC y exige garantizar la capacidad de pago.
“No puede haber impactos abruptos en una provincia donde cerca del 60% de las personas está bajo la línea de pobreza”, sostuvo.
El funcionario agregó que las tarifas de Salta siguen por debajo del promedio nacional y adelantó que, según el plan de expansión y mejoras previsto para 2025, COSAySa deberá invertir alrededor de 49 millones de pesos en micro y macro medición, una herramienta clave para controlar el abuso en la extracción privada de agua sin autorización.
Recordó que el Ente continuará con medidas de regularización y, si corresponde, sanciones y denuncias penales para frenar captaciones y vertidos irregulares.
Saravia también advirtió que las deficiencias estructurales del sistema energético nacional volverán a afectar el abastecimiento de agua en el verano 2026, debido a la dependencia directa entre ambos servicios.
Indicó que el organismo trabaja con grupos electrógenos móviles y avanza en la creación de un laboratorio provincial para fortalecer los controles de calidad del agua.
Finalmente, defendió la realización de audiencias públicas y anunció que buscará su reglamentación. Señaló que la participación de intendentes, legisladores y organizaciones civiles es indispensable para construir criterios regulatorios transparentes.
“Escuchar al usuario en vivo es la base de cualquier decisión responsable”, afirmó al cerrar su intervención.