El ex intendente “Kila” Gonza fue condenado a prisión efectiva e inhabilitación perpetua
Con la intervención de un tribunal colegiado y tras la declaración de los imputados junto a los alegatos de las partes, concluyó el juicio seguido contra los exfuncionarios Ernesto Fernando Gonza, Rogelio Higinio Guaymás y Aldo Dalmiro Gonza.
La fiscal penal Claudia Geria, en representación de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) del Ministerio Público Fiscal, sostuvo la acusación que derivó en la condena del exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando Gonza; del exsecretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás; y del concejal Aldo Dalmiro Gonza.
El tribunal tuvo por acreditada la responsabilidad penal de los acusados en los hechos investigados.
En ese marco, condenó a Ernesto Fernando Gonza a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua, como autor de cinco hechos de peculado y uno de negociaciones incompatibles con la función pública, en concurso real.
Además, se dispuso la revocación de una condena condicional previa que registraba el exintendente y la unificación de penas, fijándose una condena única de siete años de prisión efectiva, con inhabilitación absoluta perpetua, conforme al artículo 58 del Código Penal. Por su parte, Rogelio Higinio Guaymás fue condenado a cinco años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta, como autor de hechos de peculado en concurso real.
En tanto, Aldo Dalmiro Gonza recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua, en carácter de partícipe necesario en un hecho de peculado. El tribunal le impuso además reglas de conducta por tres años, entre ellas fijar domicilio, someterse a control judicial y abstenerse de cometer nuevos delitos.
Respecto de la situación procesal, los jueces ordenaron la detención inmediata de Ernesto Fernando Gonza y Rogelio Higinio Guaymás, quienes fueron trasladados a una unidad penitenciaria para el cumplimiento de la pena.
Asimismo, se resolvió remitir antecedentes al Ministerio Público Fiscal para investigar un posible caso de falso testimonio por parte de un testigo, además de otros hechos que podrían tener relevancia penal y que surgieron durante el debate.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el actual intendente de San Lorenzo, quien al asumir su mandato dispuso una auditoría externa sobre la gestión anterior.
El informe detectó diversas irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
En sus alegatos finales, la fiscal Geria ratificó la solidez de la investigación y afirmó que el proceso se desarrolló con pleno respeto de las garantías constitucionales.
Recordó que el requerimiento de elevación a juicio fue oportunamente controlado por el juez de Garantías, incluso ante planteos de nulidad de la defensa que fueron rechazados.
También destacó que la actuación del Ministerio Público Fiscal se ajustó al principio de legalidad, y que todas las medidas impulsadas —incluidos los pedidos de pena y de detención— se enmarcaron en sus funciones, quedando siempre sujetas a la decisión del tribunal.
En relación a la prueba, señaló que los elementos incorporados —documentales, periciales y testimoniales— no fueron desvirtuados por las defensas, y que incluso los propios imputados no negaron su existencia. Añadió que los cuestionamientos sobre determinadas pericias ya habían sido analizados durante el juicio.
Finalmente, la fiscal solicitó que se valore integralmente la prueba al momento de dictar sentencia y recordó que, en sus alegatos previos, había requerido penas de siete años de prisión efectiva para Ernesto Gonza, seis años para Rogelio Guaymás y cuatro años para Aldo Gonza, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.