El fin de “Volver al Trabajo” sacude a Salta y expone la crisis del modelo laboral

Desde el norte provincial advirtieron sobre el impacto del cierre del programa en el norte provincial. Más de 52 mil beneficiarios quedan sin ingresos en Salta y cerca de 200 mil personas se ven afectadas de manera indirecta. El comercio barrial y las redes comunitarias, en el centro del impacto.

En una entrevista con el periodista Héctor Alí en FM Pacífico, el dirigente de la UTEP, “Jocha” Castro, describió con crudeza el escenario que comienza a desplegarse en Salta tras la eliminación del programa nacional “Volver al Trabajo”, una política que hasta este mes garantizaba un ingreso mínimo para trabajadores de la economía popular.

Desde el inicio del diálogo, Castro puso cifras concretas sobre la mesa: solo en los departamentos Orán y San Martín hay cerca de 20.000 personas afectadas por la medida, dentro de un universo provincial que supera los 52 mil beneficiarios.

“Esto es gravísimo”, advirtió, y repasó el origen del esquema para contextualizar el alcance del impacto. Según explicó, el programa tiene su raíz en la Ley de Emergencia Social, aprobada por unanimidad en el Congreso, que reconocía la existencia de trabajadores informales que, aun teniendo actividad, no lograban completar sus ingresos.

“El Estado se comprometía a dar un salario social complementario, que era el 50% del salario mínimo. No era mucha plata, pero servía porque complementaba ingresos de trabajadores que laburan muchísimas horas y no llegan”, sostuvo.

Lejos de la imagen de inactividad, Castro describió un entramado de tareas concretas que se sostenían a partir de ese ingreso: acompañamiento en consumos problemáticos, funcionamiento de comedores y merenderos, apoyo escolar, bibliotecas populares y actividades deportivas en barrios y comunidades.

Ese esquema, explicó, fue mutando con los años hasta convertirse en “Volver al Trabajo”, dividido según franjas etarias. Sin embargo, marcó un punto clave en la gestión actual: el congelamiento del monto en $78.000 y la ausencia de las políticas de transición prometidas.

“Dijeron que iban a lanzar cursos. ¿Sabés cuántos cursos llegaron a Salta? Cero. Los compañeros cargaban sus datos, sus intereses, y nadie les dio respuesta”, afirmó.

En ese contexto, cuestionó la decisión de dar de baja el programa sin haber cumplido esa etapa previa: “Veinticuatro meses después de que el Estado no cumpliera con lo que decía, lo eliminan y condenan a cientos de miles de personas”.

El impacto inmediato en la economía cotidiana

Uno de los puntos más destacado durante la entrevista fue el efecto económico de la medida. Castro insistió en que el ingreso no se acumulaba, sino que se volcaba directamente al consumo básico.

“Eran miles de millones de pesos que no iban a una cuenta en Suiza. Iban al almacén, a la farmacia, a la panadería, o a pagar la luz”, graficó.

Ese flujo, explicó, sostenía no sólo a las familias beneficiarias, sino a toda la economía de proximidad en los barrios. La interrupción de ese circuito ya empieza a sentirse en comercios y servicios.

A ese diagnóstico se suman más datos aportados por otras organizaciones sociales. Desde Libres del Sur, el dirigente Darío Limachi advirtió que el impacto del cierre del programa en Salta no se limita a los titulares directos.

Según detalló, más de 52.000 beneficiarios dejan de percibir el ingreso, pero el alcance real se extiende a cerca de 200.000 personas entre efectos directos e indirectos, considerando los hogares y el entramado económico vinculado.

Además, señaló que el monto mensual —unos $78.000— era en muchos casos el único ingreso fijo de familias enteras, lo que agrava la situación en un contexto de caída del poder adquisitivo.

En términos económicos, el golpe también es cuantificable: estimaciones del ISEPCi indican que la eliminación del programa implica una pérdida de $49.364 millones anuales en la economía salteña, afectando principalmente a pequeños comercios, ferias y trabajadores informales.

Del ingreso al sostenimiento comunitario

Castro también hizo hincapié en un aspecto menos visible pero central: el rol del programa en el sostenimiento de espacios comunitarios.

Relató que muchos de los beneficiarios cumplían tareas en centros barriales, talleres y actividades sociales que hoy comienzan a resentirse.

“Tuvimos que cerrar apoyos escolares, cursos de oficio, comedores y merenderos porque ya no hay con qué sostenerlos”, explicó.

La situación, agregó, afecta también a comunidades originarias, donde el programa tenía un peso importante en la organización local.

En ese sentido, advirtió que la medida no solo impacta en los ingresos, sino también en el tejido social: “Están intentando romper la organización comunitaria, no solo de las organizaciones sociales, sino también de iglesias, bibliotecas y espacios barriales”.

Escenas que reflejan el deterioro

El dirigente describió además situaciones concretas que reflejan el deterioro social que se profundiza.

“Un compañero que antes daba clases en un espacio deportivo hoy está yendo a revolver la basura”, relató.

La frase no quedó aislada. Durante la entrevista, también se mencionaron dificultades crecientes en distintos sectores, incluso en trabajadores formales que buscan ingresos adicionales para sostenerse.

Un escenario de incertidumbre y conflicto

La eliminación del programa ya comenzó a generar reacciones. Desde distintas organizaciones sociales anticiparon reclamos, campañas de firmas y movilizaciones para visibilizar el impacto de la medida.

El trasfondo del conflicto, sin embargo, va más allá del programa en sí. La discusión que se abre es más profunda: qué política reemplaza a estos ingresos en un contexto donde el mercado laboral no logra absorber la demanda.

En Salta, esa pregunta no es teórica. Empieza a sentirse en los barrios, en los comercios y en cada espacio comunitario que pierde recursos para sostenerse.

Mientras tanto, el dato concreto ya está en la calle. En ese marco, también empieza a instalarse otra preocupación que atraviesa tanto a organizaciones sociales como a referentes territoriales: la temporalidad del impacto. Porque la interrupción del programa no es progresiva ni gradual, sino abrupta. El último pago ya se realizó y, desde ahora, miles de familias quedan sin ese ingreso de un mes a otro, sin transición ni amortiguación. Esa característica acelera los efectos en cadena que describen los dirigentes: caída inmediata del consumo, dificultad para afrontar gastos básicos y mayor presión sobre redes comunitarias que, al mismo tiempo, también pierden recursos para sostenerse. En otras palabras, no se trata solo de un cambio de política, sino de un corte brusco que reconfigura de manera inmediata la vida cotidiana en amplios sectores de la provincia.