El fiscal Carlos Amad descartó la coartada de maniobras de estafa
Amad confirmó que las detenciones se lograron por el aporte de información del empresario, a través de Grueso, quien era su mano derecha. A la vez, descartó la coartada esgrimida por el ex dueño de la firma respecto a que todo se originó debido a una denuncia que formuló el 21 de enero de ese año sobre maniobras de estafas, consistente en la venta “melliza” de boletos.
"No hubo ninguna pesquisa ni nada, se hicieron con el aporte de Levín mediante Grueso, quien confeccionó la lista de los empleados que iban a ser detenidos, entre los cuales se hallaba Cobos (delegado gremial de la UTA) y los trabajadores que apoyaban las actividades sindicales dentro de la empresa", indicó el fiscal.
Sostuvo que la intención del empresario era "deshacerse" del delegado Cobos, a quien terminaron por exonerarlo de la firma, con lo cual lograron desarticular las actividades sindicales y calificó la intervención de Levín, como un caso paradigmático de responsabilidad empresarial. Las defensas apelaron a cuestionar el relato de los testigos y tratar de presentarlos como personas que apelaron a la denuncia de lesa humanidad, a fin de evitar así consecuencias legales por la denuncia realizada en su contra por el empresario, hechos por los cuales resultaron absueltos por la justicia provincial.
En la audiencia de ayer, el tribunal dio lugar a las réplicas, instancias en la que el fiscal general expresó que los defensores, "en ese mundo ideal" de la teoría que trajeron a juicio, incurrieron en aspecto que "hacen a la negación misma de los delitos de lesa humanidad".
Aclaro que, después del golpe del Estado, no hubo más actividad sindical, pero la persecución se intensificó, pues los gremialistas y todos aquellos que coincidan con esa actividad eran considerados "el enemigo que había que erradicar de la sociedad". "No hay mejor momento que este, aquí se tiene que hacer justicia. Se tiene que hacer Justicia, aunque el mundo perezca", concluyó
Crímenes de lesa humanidad
En la jornada del miércoles anterior la Cámara de Casación confirmó la sentencia y pena de 12 años contra Marcos Levín, ex dueño de La Veloz del Norte y los ex policías de Salta Víctor Hugo Almirón y Víctor Hugo Bocos por secuestros y torturas de gremialistas cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Es el primer empresario condenado por delitos de lesa humanidad y comprueba a todas luces que el terrorismo de Estado también fue un instrumento para instaurar un modelo económico.
El máximo tribunal penal del país rechazó los recursos de las defensas de Marcos Jacobo Levín, entonces dueño de esa firma y de los policías de Salta, que cumplían funciones de seguridad en la empresa por las torturas y secuestros de los trabajadores y dirigentes gremiales de la UTA.
Petrone, que lideró el acuerdo, descartó darle una responsabilidad secundaria a Levín, como pretendía su defensa. "Como vimos hasta el hartazgo, su actuación en los sucesos de marras distan de ser una mera colaboración; por el contrario, sus aportes resultaron esenciales sin los cuales no hubiera sido posible llevar a cabo los eventos delictivos juzgados", escribió.
Hornos también validó que se les haya otorgado el máximo de la pena.
"La extrema gravedad de los crímenes de lesa humanidad, que denota una absoluta falta de consideración y reconocimiento de la dignidad humana, funciona como una circunstancia agravante", sostuvo.