El Gobierno ampliará los impuestos que deben detallarse en los tickets

Desde el 1° de abril rige en todo el país el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, que obliga a los comercios a informar en los tickets el peso de los impuestos nacionales, como el IVA.

Ahora, el Gobierno nacional prepara una nueva reglamentación para ampliar ese detalle a otros tributos, como el impuesto al cheque, las tasas aduaneras y demás cargas indirectas que todavía no figuran en las facturas.

El régimen, enmarcado en la Ley 27.743, se aplica a todos los comercios responsables inscriptos en el IVA que venden a consumidores finales. Excluye a los monotributistas. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es la autoridad de aplicación y puede clausurar locales por incumplimiento. Las estaciones de servicio y grandes supermercados ya cumplen con la norma; el acatamiento entre comercios medianos y pequeños, sin embargo, es desigual.

Actualmente, los tickets discriminan el IVA, los impuestos internos y, en el caso de los combustibles, también los gravámenes específicos aplicados al sector. Pero el Gobierno busca avanzar hacia una segunda etapa que incluya más tributos. Para eso, se necesita una reglamentación adicional, que ya está en desarrollo técnico.

Adhesión de las provincias: escasa y demorada

Aunque la ley nacional invita a las provincias a adherir, solo Chubut lo ha hecho formalmente, mediante una ley aprobada en abril. Aún así, la implementación no comenzó, ya que falta una reglamentación local que defina quiénes deben cumplir y qué operaciones deben incluir el desglose de Ingresos Brutos y tasas municipales.

Otras provincias, como Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Catamarca y la Ciudad de Buenos Aires, manifestaron su intención de sumarse, pero aún no lo formalizaron. Entre Ríos es la única con un proyecto de ley que ya tiene media sanción. Córdoba, por su parte, emitió una resolución preliminar, pero no se pronunció oficialmente.

La organización Lógica, que impulsó la ley, advirtió que la falta de adhesión provincial ralentiza la transparencia fiscal. Su presidente, Matías Olivera Vila, sostuvo que esto no implica una intromisión en las autonomías locales, ya que solo se trata de brindar información al consumidor. “Durante décadas, la opacidad fiscal permitió sostener un sistema de alta presión impositiva e inflación sin control ciudadano”, argumentó.

Más impuestos, más visibilidad

El nuevo paso que prepara el Gobierno consistirá en identificar y calcular el impacto de tributos como el impuesto al cheque o los aranceles de importación en los precios finales de bienes y servicios. La inclusión de estos gravámenes requerirá una reglamentación detallada, que está en análisis pero tomará tiempo.

Desde abril, los grandes comercios también deben mostrar el desglose impositivo en precios exhibidos en góndolas y publicidad, tanto en locales físicos como en tiendas online. Para eso, se adaptaron sistemas como Facturador Móvil y Comprobantes en Línea. No obstante, el cumplimiento sigue siendo dispar.

Una campaña que se intensificará

A casi un año de la sanción de la ley —que se cumple el 8 de julio—, solo una provincia se sumó. Desde Lógica expresan malestar por el escaso avance. “¿Qué es esta demora eterna? No tienen interés”, sintetizó una fuente de la entidad.

Hoy el promedio es de apenas una provincia adherida por mes. El Gobierno planea aumentar la presión política para lograr más adhesiones, y no descarta visibilizar públicamente la falta de avances si las gestiones administrativas no prosperan.

El futuro de la transparencia fiscal depende, en parte, de la capacidad del Ejecutivo para estimar los nuevos impuestos y redactar las normativas correspondientes. Pero también requiere voluntad política por parte de las provincias para acompañar la iniciativa con leyes y reglamentaciones locales. Mientras tanto, los consumidores ya pueden ver en sus tickets, al menos, una parte del costo impositivo que pagan en cada compra.

Fuente: Infobae