El Gobierno aseguró que apelará al fallo del amparo sobre el decreto de la SIDE
El gobierno aguarda una resolución favorable que valide la reestructuración del sistema de inteligencia nacional. Desde la Casa Rosada anticiparon que apelarán cualquier fallo adverso para defender la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia.
Tras la presentación de diversos recursos de amparo, el equipo legal de la Presidencia prepara su estrategia defensiva. El Gobierno nacional espera que los magistrados rechacen las medidas cautelares interpuestas por sectores de la oposición. Consideran que la reorganización del organismo es una facultad propia del Poder Ejecutivo en materia de seguridad. Los asesores jurídicos sostienen que el decreto cumple con todos los requisitos constitucionales de urgencia y necesidad.
Desde el Ministerio de Justicia explicaron que las modificaciones buscan modernizar las tareas de inteligencia interna y externa. Los amparos presentados alegan supuestas irregularidades en la asignación de fondos reservados para la nueva estructura. No obstante, las autoridades aseguran que cada movimiento presupuestario está debidamente justificado por la coyuntura regional.
En caso de que algún juez de primera instancia decida suspender los efectos del DNU, el Gobierno ya tiene un plan. Fuentes gubernamentales confirmaron que se activará un mecanismo de apelación inmediata ante las cámaras superiores. El objetivo es llevar el debate hasta la Corte Suprema de Justicia si fuera necesario para proteger la norma. Para el Ejecutivo, frenar esta reforma significaría un retroceso peligroso en la protección de los intereses nacionales.
La Procuración del Tesoro trabaja de manera articulada con la Secretaría de Inteligencia para responder cada demanda. Se han recopilado antecedentes técnicos que avalan la necesidad de reformar el organigrama actual del organismo de espionaje. Los abogados estatales argumentan que los amparistas no han demostrado un perjuicio concreto y directo por la norma. Por el contrario, sostienen que el decreto fortalece los mecanismos de control sobre las actividades de inteligencia del Estado. Esta defensa técnica busca desestimar las acusaciones de falta de transparencia que circulan en el ámbito parlamentario.
Asimismo, la oposición sostiene que la inyección de capital carece de un marco de fiscalización adecuado por parte del Congreso. El Gobierno rechaza estas críticas y asegura que el control parlamentario se ejercerá según las leyes vigentes. Consideran que divulgar detalles específicos de las partidas pondría en riesgo misiones críticas de seguridad nacional. La confidencialidad es defendida como una herramienta estándar en todos los servicios de inteligencia del mundo moderno. La resolución de los amparos definirá si el Poder Ejecutivo puede disponer de esos recursos sin nuevas trabas.
Mientras la justicia delibera, la nueva estructura de la SIDE continúa con sus procesos de capacitación y despliegue. El personal técnico ha comenzado a implementar nuevas herramientas tecnológicas para el monitoreo de fronteras y ciberdelitos. El Gobierno insiste en que la parálisis del decreto afectaría directamente la prevención de ataques contra objetivos nacionales. Esta presión política se traslada al ámbito judicial mediante escritos que resaltan la “gravedad institucional” del conflicto.
Fuente: Infobae