El Gobierno avanza con la disolución de 65 organismos en una reforma estatal
A través de una serie de decretos, se fusionan y eliminan agencias para reducir gastos y centralizar funciones clave con nuevos esquemas para infraestructura, salud, transporte y ciencia.
El reciente paquete de 65 decretos, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado junto al vocero presidencial, marca una etapa decisiva en la reforma institucional. En esta tanda se incluyen cierres, fusiones y reorganizaciones de organismos, con el objetivo de optimizar el gasto público y centralizar tareas esenciales.
En primer término, se disolvió la Dirección Nacional de Vialidad y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuyas funciones fueron transferidas al Ministerio de Economía y a Gendarmería para el control vial.
A su vez, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la CNRT lo absorbieron por la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que ahora supervisará rutas nacionales, transporte automotor y ferroviario. Estas medidas también incluyen concesiones viales por más de 9.000 km y el traspaso de tareas de regulación a entidades con mayor presencia estatal.
Salud y agricultura disueltos
En materia sanitaria, cinco hospitales nacionales lo unificaron en una sola entidad bajo una nueva administración nacional de establecimientos de salud. Paralelamente, se eliminaron delegaciones sanitarias federales y se transformó el Instituto Nacional del Cáncer en una unidad dentro de la Secretaría de Gestión Sanitaria. El ANLIS Malbrán lo “organizaron” para evitar duplicaciones, y el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, que nunca llegó a funcionar y lo eliminaron.
Por otro lado, se suprimieron los institutos vinculados a semillas, agricultura familiar, cáñamo medicinal, igualdad y homenaje histórico. Entre ellos, se destaca la disolución del INADI y del Instituto del Cannabis Medicinal, cuyos roles lo absorbió la ANMAT y otros organismos técnicos. Además, se reestructuraron las leyes energéticas para permitir que privados contraten electricidad directamente y participen en la ampliación de redes.
El conjunto de medidas también revisa leyes de turismo, regula agencias vinculadas a energía e innovación y promueve un esquema estatal más compacto.
Fuente: Ámbito Financiero