El Gobierno confirmó que vetará el aumento de jubilaciones que impulsa la oposición

El oficialismo busca frenar una avanzada parlamentaria que podría “elevar el gasto público”. En paralelo, continúa el conflicto con los trabajadores del Hospital Garrahan.
El Gobierno nacional ratificó que vetará cualquier intento legislativo de incrementar las jubilaciones o extender la moratoria previsional, tal como impulsan bloques opositores como Unión por la Patria, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda y otros espacios. La advertencia apunta a la sesión prevista en la Cámara de Diputados, donde la oposición intentará imponer una agenda con impacto fiscal relevante.
“Proponen una sesión con proyectos de ley que, de aprobarse, tendrían un costo de más de 12.000 millones de dólares. No vamos a tocar el Presupuesto”, advirtieron desde la Casa Rosada. La frase sintetiza la postura del presidente Javier Milei y de su entorno más cercano, que insiste en sostener el equilibrio fiscal como prioridad política y económica.
Desde el oficialismo, aseguran que Milei no dudará en utilizar el veto presidencial, como ya lo hizo en 2024 con una ley de aumento jubilatorio y otra que ampliaba el presupuesto universitario. A pesar del costo político inicial, en el Ejecutivo consideran que lograron capitalizar esa decisión con el tiempo.
La Cámara de Diputados, en la mira
El presidente de Diputados, Martín Menem, se encargó de advertir públicamente sobre el impacto económico de los proyectos en debate. En sus redes sociales, afirmó que “se esconden detrás de causas nobles para romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir”. Menem es quien lleva adelante las negociaciones para evitar que se logre quórum en la sesión opositora.
Sin embargo, a diferencia de intentos anteriores, esta vez el oficialismo cuenta con menos herramientas de presión. No figura en el temario la creación de la Comisión $LIBRA, una iniciativa que antes había servido como moneda de cambio para negociar con algunos gobernadores. “Los gobernadores no van a bajar a sus legisladores todas las veces que lo pida la Casa Rosada”, advirtió una fuente parlamentaria.
Uno de los proyectos que más preocupa al oficialismo propone una suba del 7,2% en jubilaciones y pensiones, además de elevar el bono extraordinario de 70.000 a 105.000 o 115.000 pesos. Según estimaciones del equipo económico, esta medida implicaría un costo del 1,3% del PBI.
En paralelo, crece el conflicto en el Hospital Garrahan
Mientras tanto, el Gobierno también enfrenta una protesta creciente por parte de trabajadores del Hospital Garrahan. Los residentes rechazaron un anuncio oficial que prometía llevar sus ingresos a 1.300.000 pesos mediante bonos, alegando que no recibieron una oferta formal y que no se modificó el salario básico.
La respuesta oficial fue difundida por el ministro de Salud, Mario Lugones, quien explicó que la propuesta formal será enviada el lunes a través del sistema interno del hospital. El aumento anunciado implica una suba del 30% en el bono, que pasaría de 385.000 a 500.000 pesos, pero no impactaría en el salario base, hoy en 797.000 pesos.
Por eso, los residentes anunciaron que mantendrán las medidas de fuerza. Esta noche realizarán una “marcha de las velas” que culminará en el Obelisco porteño.
El Gobierno intenta dividir el reclamo de los residentes del resto del personal del hospital. Sin embargo, un 90% de los trabajadores no pertenece a ese grupo y también exige una recomposición salarial. La Junta Interna de ATE advirtió que “la exclusión de la mayoría solo agrava el conflicto”.
El martes está convocada una asamblea general para definir los pasos a seguir. “Tenemos que estar todos juntos: planta y residentes, sin distinción de tarea, oficio o profesión”, plantearon desde el sindicato.
El trasfondo del conflicto: control de asistencia y acusaciones
Desde el Ministerio de Salud sostienen que el conflicto se agudizó tras la decisión de implementar un sistema biométrico de control de asistencia. “El Garrahan no será más un refugio de ñoquis, y quien no se presente a trabajar será despedido”, señalaron en un comunicado validado por funcionarios libertarios.
Varios referentes del Gobierno replicaron en redes sociales mensajes que atribuyen la protesta a la resistencia gremial al control de presentismo. “¿Por qué estalló el conflicto en el Garrahan? Respuesta: el lunes comienza el control biométrico y los ñoquis quedarán expuestos”, reposteó uno de los principales voceros del oficialismo.
Según datos del propio hospital, de los 4728 trabajadores de planta, el 68% cumple funciones asistenciales, mientras que el 20% integra áreas logísticas y el 12% corresponde a la conducción administrativa y médica.
El Gobierno admite que los salarios son bajos, pero acusa a los gremios de impulsar el conflicto para “defender privilegios”. En este clima tenso, el oficialismo enfrenta una semana clave tanto en el Congreso como en el frente social.
Fuente: Infobae