El gobierno decretó nuevos términos ofensivos para referirse a personas con discapacidad
El Gobierno autorizó nuevamente el uso de palabras como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” en documentos oficiales para referirse a las personas con discapacidad.
En una reciente publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno ha decretado la utilización de términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para clasificar a personas con retrasos mentales.
Esta medida sustituyó una ola de críticas por parte de especialistas y organizaciones que consideraron ofensiva dicha terminología y contraviene acuerdos internacionales destinados a proteger los derechos de las personas con discapacidad.
El anexo del decreto especifica una categorización basada en rangos de edad:
“Idiota”: de 0 a 30 años.
“Imbécil”: de 30 a 50 años.
“Débil mental profundo”: de 50 a 60 años.
“Débil mental moderado”: de 60 a 70 años.
“Débil mental leve”: de 70 a 90 años.
Esta clasificación lo cuestionó expertos en salud mental y derechos humanos, quienes argumentan que el uso de estos términos perpetúa estigmas y discrimina a las personas con discapacidad.
Indignación y violación a los derechos
Julen Bollain expresó su indignación a través de las redes sociales, señalando que la decisión del gobierno argentino viola acuerdos internacionales contra la discriminación.
Bollain calificó la acción como una “barbaridad” y enfatizó la necesidad de respetar la dignidad de todas las personas, independientemente de sus capacidades.
Contravención de acuerdos internacionales
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por Argentina, promueve el uso de un lenguaje respetuoso e inclusivo.
Esta convención establece que las personas con discapacidad son reconocidas como “personas con discapacidad”, evitando términos peyorativos o despectivos que puedan menoscabar su dignidad.
Organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad han instado al Gobierno a reconsiderar esta medida.
Argumentan que, en lugar de avanzar hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa, la reinstauración de estos términos representa un retroceso en materia de derechos humanos.
Además, enfatizan la importancia de adoptar un lenguaje que promueva la inclusión y el respeto, alineado con los estándares internacionales y las buenas prácticas en comunicación.
Es esencial que las políticas públicas reflejen un compromiso con la dignidad y el respeto hacia todas las personas, adoptando un lenguaje que fomente la inclusión y evite perpetuar estigmas y discriminaciones.