El Gobierno desafía la suspensión judicial de la transformación del Banco Nación en sociedad anónima
Tras la medida cautelar del juez Alejo Ramos Padilla que frena el decreto presidencial, las autoridades nacionales preparan una estrategia legal para defender la reestructuración de la principal entidad financiera pública del país.
El 20 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei firmó el decreto 116/2025, publicado en el Boletín Oficial, que convertía al Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima.
Según el decreto, el Estado argentino controlaría el 99,9% de las acciones, mientras que la Fundación Banco de la Nación Argentina poseería el 0,1% restante.
Esta medida buscaba modernizar la estructura jurídica del banco, permitiéndole competir en igualdad de condiciones con otras entidades financieras y facilitando el acceso a nuevas fuentes de financiamiento.
El 25 de febrero, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, dictó una medida cautelar que suspendía los efectos del decreto 116/2025, ordenando al Estado y al Banco Nación abstenerse de cualquier acción tendiente a su implementación.
Además, solicitó a las autoridades un informe en un plazo de cinco días que justifique el interés público detrás de la transformación propuesta.
Ante esta resolución judicial, el Gobierno expresó su descontento, calificando la medida como una “operación política” atribuida a la supuesta afinidad del magistrado con sectores opositores.
Funcionarios cercanos al presidente Milei, como Santiago Caputo y Diego Chaher, se reunieron en la Casa Rosada para delinear la estrategia legal destinada a revertir la suspensión y avanzar con la reestructuración del banco.
Argumentos en defensa de la transformación
Las autoridades sostienen que la transformación del Banco Nación en sociedad anónima es esencial para mejorar su eficiencia operativa y adaptarse a las mejores prácticas del mercado financiero.
Afirman que el actual régimen de entidad autárquica limita la capacidad del banco para competir en igualdad de condiciones, restringiendo su acceso a nuevas fuentes de financiamiento y su habilidad para desarrollar estrategias comerciales más dinámicas y eficientes.
Además, el Gobierno argumenta que la medida cautelar carece de fundamento jurídico sólido, ya que la transformación estructural no implica una privatización inmediata del banco, sino una modernización necesaria para su funcionamiento óptimo. Señalan que cualquier proceso de privatización requeriría una ley específica del Congreso, lo cual no es el objetivo del decreto en cuestión.
Próximos pasos y posibles implicaciones
El Ejecutivo tiene un plazo de cinco días para presentar el informe solicitado por el juez Ramos Padilla, detallando el interés público que justifica la transformación del Banco Nación en sociedad anónima. Paralelamente, se evalúa la posibilidad de apelar la medida cautelar ante instancias judiciales superiores, buscando revertir la suspensión y avanzar con la implementación del decreto.
La resolución de este conflicto legal tendrá implicaciones significativas para el futuro del Banco Nación y para la agenda de reformas estructurales que promueve el Gobierno de Javier Milei. Mientras tanto, diversos sectores políticos y sociales continúan debatiendo sobre los alcances y consecuencias de transformar la principal entidad financiera pública del país en una sociedad anónima.
Fuente: Infobae