El Gobierno descontará el día a los estatales que se sumen al paro nacional
Desde la Casa Rosada confirmaron que se aplicarán recortes salariales a quienes no asistan a trabajar durante la jornada de huelga contra la reforma laboral.
El Gobierno nacional endureció su postura frente a la convocatoria del paro general previsto para este jueves 19 de febrero. A través de voceros oficiales, se confirmó que se descontará la jornada a todos los empleados estatales que se adhieran a la medida de fuerza.
La decisión de la administración central busca desalentar la participación de los trabajadores públicos en la huelga organizada por la CGT. “Día que no se trabaja, día que no se paga”, señalaron fuentes directas de la Casa Rosada para ratificar la medida.
Esta advertencia se produce en un clima de alta tensión política por el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso de la Nación. El oficialismo busca obtener dictamen de comisión este miércoles para llevar el proyecto al recinto de la Cámara de Diputados mañana mismo.
Ante la parálisis total del transporte público anunciada para el jueves, el Ejecutivo exigió a su personal que asista a sus puestos. “Tienen que venir a trabajar sí o sí, como sea”, expresó un alto funcionario sobre la logística que deberán implementar las dependencias.
Los gremios del sector público han mostrado diferentes estrategias frente a la jornada de debate legislativo. Mientras la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) adhiere al cese de actividades, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que movilizará al Congreso.
Desde el sindicalismo rechazaron la advertencia gubernamental y calificaron la medida de los descuentos como un acto de autoritarismo. Los dirigentes sostienen que el derecho a huelga es una garantía constitucional que no debería ser penalizada con recortes en los haberes.
El escenario para este jueves anticipa una ciudad paralizada por la falta de colectivos, trenes y subtes en todo el territorio. El Gobierno, sin embargo, mantiene firme su decisión de auditar la asistencia para aplicar las sanciones económicas correspondientes a cada agente estatal.
Fuente: Ámbito Financiero