El Gobierno extendió hasta 2049 la concesión de Aeropuertos Argentina y prevé inversiones por USD 600 millones
El Gobierno nacional y Aeropuertos Argentina acordaron extender la concesión del servicio aeroportuario en 35 aeropuertos del país. El acuerdo se oficializó este lunes mediante una Decisión Administrativa publicada en el Boletín Oficial.
La concesión original vencía en 2038. Ahora se extenderá hasta el 13 de febrero de 2049, con posibilidad de prórroga hasta 2056. La extensión surgió de una renegociación por el impacto de la pandemia sobre la actividad aeroportuaria.
Según el Gobierno, la empresa pretendía inicialmente extender la concesión 30 años, prorrogables por otros 10, hasta 2078. No obstante, los análisis del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos determinaron el plazo final.
Inversiones por USD 600 millones
A cambio, la empresa deberá realizar inversiones por USD 600 millones, IVA incluido. Tres cuartas partes tendrán que completarse antes de 2031.
El plazo adicional de siete años para amortizar las obras queda sujeto a dos condiciones:
- Antes del 30 de junio de 2027, la empresa debe demostrar, mediante un informe de una auditora internacional, que cuenta con fondos para el plan.
- Al menos el 75% de las inversiones debe estar terminado antes del 31 de diciembre de 2031.
Tarifas, rentabilidad y RIGI
El acuerdo no incluye aumentos de tarifas ni limitaciones a las inversiones, por el impacto que tendrían sobre los usuarios. Además, la renegociación se estructuró sobre una tasa interna de retorno de referencia del 14,3%. Según el Gobierno, esto recompone el equilibrio económico-financiero sin garantizar rentabilidad.
Por otra parte, el programa de inversiones no tendrá acceso a los beneficios del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).
Fin de los reclamos cruzados
Finalmente, el acuerdo establece que el Estado y la empresa, incluidos sus accionistas, no podrán reclamarse nada por hechos anteriores al acta ni por los perjuicios derivados de la pandemia. Existe una única excepción: ciertas revisiones de inversiones de períodos anteriores.
Según el Gobierno, esto reduce potenciales pasivos para el Estado y protege la continuidad del servicio.
Fuente: Infobae