El Gobierno frena la operativa de la cooperativa Recuperadores del Sur Ltda tras detectar irregularidades
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social suspendió a la cooperativa Recuperadores del Sur Ltda. Se investiga el uso de recursos para fines familiares y la carencia de asociados formales.
El Gobierno nacional dispuso la suspensión de la operativa de la cooperativa Recuperadores del Sur Ltda. Además, ordenó la apertura de un sumario administrativo para investigar su funcionamiento. La medida fue impulsada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, dependencia del Ministerio de Capital Humano.
La cooperativa en cuestión está presidida por Héctor Eduardo Morillo. Él también ocupa un rol relevante dentro de la UTEP como secretario nacional de Grandes Generadores en la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores. Esa cercanía llamó la atención del Gobierno al momento de evaluar los hechos.
Según indicaron desde la cartera, se detectaron irregularidades preocupantes. Se sospecha que se utilizaron fondos destinados a la cooperativa para gastos turísticos de tipo familiar. También se menciona la adquisición de un vehículo no adecuado para las tareas de la organización. Estas acciones apuntan a un uso de recursos que no está alineado con el espíritu de la ley cooperativa.
Otra señal de alerta es la falta de claridad sobre quiénes integran formalmente la cooperativa. No se contaría con los 100 asociados que exige la normativa, y se desconoce quién realmente realiza la labor de recuperación y disposición de residuos. Esto genera dudas sobre el destino final de los materiales y la operativa concreta.
La conducción del caso será compartida con el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, con el objeto de coordinar eventuales medidas adicionales. Se buscará determinar responsabilidades y asegurar el correcto uso de los recursos públicos y cooperativos.
La apertura del sumario interno tendrá como objetivo recabar pruebas, establecer las fallas detectadas y definir los pasos a seguir. El proceso apunta a restaurar la confianza en las entidades de la economía popular y garantizar el respeto por las normas que regulan el sistema cooperativo.
Fuente: Ámbito Financiero