El Gobierno imputó a Belocopitt y a prepagas por aumentos indebidos en las cuotas
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en conferencia de prensa que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) imputó a Claudio Belocopitt, empresario y titular de Swiss Medical.
Junto a Belocopitt, se imputó a la Unión Argentina de Salud (UAS) y siete compañías de medicina prepaga. La acusación es presunta cartelización en el aumento de las cuotas de los planes de salud.
Las empresas señaladas y la acusación
Entre las firmas involucradas se encuentran Swiss Medical, Galeno, Hospital Británico, Medifé, Omint, Hospital Alemán y Osde. Adorni explicó que el Ministerio de Economía intervino en abril, ordenando que las empresas retrotrajeran los precios a diciembre de 2023. También, se estableció que los incrementos no superaran la inflación.
De comprobarse las irregularidades, las empresas podrían enfrentar sanciones de hasta el 30% de su facturación anual o el doble del beneficio obtenido ilícitamente. “El Gobierno defiende los mercados libres y competitivos; no toleraremos estas maniobras abusivas”, afirmó el vocero.
Investigaciones previas
En abril, el Gobierno inició una investigación tras detectar aumentos de cuotas que eran “muy similares entre las empresas y desproporcionados frente a la inflación”, según informó la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Esto generó sospechas de una posible coordinación para fijar precios.
Denuncias en el Hospital Sommer
Adorni también reveló irregularidades detectadas en el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, en General Rodríguez, único centro del país especializado en lepra. Según el vocero, se descubrió que una asociación administraba de forma ilegal viviendas destinadas a pacientes, alquilándolas y vendiéndolas sin papeles tras el fallecimiento de los ocupantes.
Otras irregularidades incluyeron:
- Alquiler ilegal de terrenos del hospital para pastoreo de ganado.
- Robo de alimentos destinados a los pacientes.
- Cobro indebido de parte de los subsidios destinados a los internos, quienes eran obligados a pagar precios exorbitantes por la comida.
“La asociación aprovechó las fallas del Estado, pero este Gobierno no tolera actos de corrupción; eliminamos estas prácticas de raíz”, concluyó Adorni.
Con estas acciones, el Ejecutivo refuerza su postura contra la cartelización y el mal uso de recursos públicos, reafirmando su compromiso con la transparencia y la justicia.