El gobierno oficializó la nomina de jubilados que recibirán el aporte solidario
El Ministerio de Economía y Servicios Públicos confirmó la nomina de beneficiarios que corresponden al Fondo Solidario de Apoyo Temporario para Jubilados.
Los montos serán depositados en los próximos días y en junio beneficiando a más de 20900 ciudadanos salteños. Cada uno de ellos recibirá un total de $48 mil en dos cuotas de $24 mil cada una.
Faltaba que el Sistema de Información Nacional, Tributario y Social (SYNTIS) pudiera discrimnar a los jubilados que perciben los haberes mínimos.
El fondo se creo con un aporte del 50% (cincuenta por ciento) del sueldo del gobernador en cada oportunidad, y el resto de los funcionarios a los que se les descuenta un aporte inferior en proporción a la escala de haberes que perciban.
Las partidas quedaron a disponibilidad de la Secretaría de Adultos Mayores de la Provincia.
Los requisitos que se pedían cumplir es tener 70 años o más; percibir el haber jubilatorio mínimo como único ingreso, excluyendo pensiones o pensiones no contributivas; no ser beneficiario de ingresos provenientes de planes sociales nacionales, provinciales o municipales (AUH, Potenciar Trabajo, seguro de desempleo, entre otros), ni de otra prestación previsional; carecer de empleo en relación de dependencia, ya sea como independiente o presunto; no percibir ingresos como permisionarios de estacionamiento medido y no poseer bienes registrables a su nombre, ya sean automotores o inmuebles.
A la partida además del gobernador aportaron Ministros, Secretaría General de la Gobernación, Coordinadores, Fiscal de Estado, Sindico General de la Provincia, Secretarios de Estado, Subsecretarios de Estado, Autoridades superiores, autoridades fuera de escalafón y personal de apoyo nivel 1, 2 y 3.
Además de Presidentes, Gerentes, Directores y autoridades de organismos descentralizados, organismos autárquicos, ente reguladores, empresas y sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria y demás formas societarias en la que el Estado tenga participación y autoridades con remuneraciones equivalentes o similares.