El Gobierno refuerza controles sobre los presupuestos de las universidades públicas
El Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Desregulación han emitido cuatro Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) destinados a modificar la normativa de compras y contrataciones en las universidades públicas.
La medida, aseguran, “busca unificar los sistemas administrativos y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos”.
Objetivo de los nuevos decretos
Las disposiciones pretenden incorporar a las universidades al uso obligatorio de plataformas electrónicas como COMPR.AR, CONTRAT.AR y e-SIDIF para gestionar compras, contrataciones y administración financiera. Actualmente, solo 35 universidades utilizan estos sistemas, representando la mitad del total. Según Alejandro Álvarez, subsecretario de Educación, “la falta de adopción total atenta contra la transparencia y la rendición de cuentas”.
Además, los decretos eliminan las contrataciones directas entre organismos públicos y universidades, salvo cuando estas acrediten ser el único proveedor disponible. Según Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado, este cambio pone fin a un “privilegio irrazonable que atenta contra la transparencia en las compras públicas”.
Entre 2022 y 2023 se firmaron más de 2.000 convenios entre universidades y organismos estatales para servicios como consultorías, asistencia técnica e investigación. El Gobierno de Milei considera que estos convenios son utilizados para financiar actividades políticas o evadir controles.
“El objetivo es que las universidades dejen de ser consultoras privilegiadas del Estado”, enfatizó Fariña.
Aclaraciones sobre autonomía universitaria
El Gobierno asegura que estas medidas no interfieren con la autonomía universitaria. Maximiliano Fariña explicó que, aunque las universidades gestionan sus presupuestos de manera independiente, los fondos son públicos y deben someterse a las mismas normativas de transparencia y control que cualquier otro organismo estatal.
“No se cuestiona la autonomía para decidir cómo gastar los fondos, pero estos forman parte de la Administración Pública y, por lo tanto, deben rendir cuentas”, explicó el funcionario.
Resistencia y marco legal
La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha manifestado resistencia a las nuevas disposiciones, incluso llevando el conflicto a la Justicia. Sin embargo, el Gobierno recuerda que la Ley 24.156 de Administración Financiera incluye explícitamente a las universidades en sus artículos 2 y 8.
Alejandro Álvarez declaró que la UBA “debe aceptar que forma parte del marco legal argentino” y no puede operar bajo reglas propias que contradigan la normativa nacional.
Implementación gradual
El proceso de adecuación será gradual e involucrará la colaboración del Ministerio de Transformación del Estado, la Secretaría de Hacienda y la Oficina Nacional de Contrataciones. Un cuarto decreto técnico formalizará los cambios introducidos, asegurando la operatividad del nuevo sistema.
Con estas medidas, el Gobierno busca fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos en el sistema universitario.
Fuente: Ámbito