El Gobierno restituyó más de 100 mil pensiones por discapacidad laboral tras una orden judicial
El Gobierno nacional debió restituir más de 100.000 pensiones por discapacidad laboral que habían sido suspendidas en todo el país.
La decisión fue adoptada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en cumplimiento de una orden del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez.
El magistrado dispuso que los beneficios debían reactivarse “en un plazo de 24 horas”. Asimismo, estableció que no se podían aplicar nuevas bajas hasta que haya una sentencia definitiva.
La medida judicial se dictó en el marco de una acción de amparo colectiva presentada por el Defensor del Pueblo de Catamarca y distintas organizaciones de personas con discapacidad. En septiembre, el mismo magistrado había resuelto una cautelar que inicialmente beneficiaba solo a la provincia. Ahora, su alcance se extendió a todo el país.
La resolución de la ANDIS, firmada por su interventor Alejandro Vilches y publicada este martes en el Boletín Oficial bajo el número 12621/2025, ordena restablecer los pagos y suspender todas las auditorías en curso. Además, instruye al organismo a abstenerse de iniciar nuevas revisiones mientras la medida judicial siga vigente.
Que dice el fallo
Según el fallo, las suspensiones masivas se realizaron sin auditorías adecuadas ni notificaciones válidas. Muchas personas afectadas, con graves dificultades de movilidad, no pudieron trasladarse cientos de kilómetros para validar sus certificados médicos.
El juez Díaz Martínez consideró que la decisión del organismo vulneró derechos colectivos y citó la doctrina del caso Halabi, que permite extender los efectos de una sentencia a todo el grupo afectado por una misma causa. Además, instó al Congreso a sancionar una ley que regule las acciones colectivas y cuestionó la vacancia en la Defensoría del Pueblo de la Nación.
El inicio del conflicto
El conflicto se originó tras la aplicación del Decreto 843/2024, que elevó del 60 al 66% el umbral de “disminución de la capacidad laborativa” y amplió las causales de suspensión de pensiones. Diversas asociaciones habían advertido que la norma vulneraba derechos adquiridos y que la auditoría implementada por el Gobierno carecía de criterios transparentes y medidas de accesibilidad.
En los últimos meses, organizaciones de personas con discapacidad realizaron marchas en todo el país para exigir la restitución de los beneficios y la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso pero aún sin aplicación efectiva.
Con esta resolución judicial, el Gobierno de Javier Milei se ve obligado a retrotraer las medidas impulsadas por la ANDIS y a restituir las pensiones hasta que la Justicia dicte una sentencia definitiva sobre la legalidad del proceso de auditoría.
Fuente: Infobae