El INADI reclama el sobreseimiento de la médica Miranda Ruiz
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), a través del Programa Jurídico de Género, Diversidad y Derechos Humanos, se presentó como amicus curiae en defensa de la médica Miranda Ruiz, médica residente del Hospital de Tartagal y acusada de practicar una ILE sin consentimiento.
El INADI estará representado por Analía Mariel Mas y María Julieta Delpech.
Miranda, quien brinda asistencia a las consultas sobre anticoncepción y planificación familiar, atendió junto a un equipo interdisciplinario, a una mujer adulta que solicitó la interrupción legal del embarazo. Luego de constatarse la causal salud y de recibir el aval de las autoridades jerárquicas del hospital, se llevó a cabo la práctica que fue medicamentosa.
Todos los pasos realizados constan en la historia clínica.
No obstante la legalidad de procedimiento, una familiar denunció a Ruiz y el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gonzalo Vega, inició una imputación contra la médica por el delito de "aborto sin consentimiento" y la justicia denegó dos veces su sobreseimiento.
En un comunicado oficial del organismo nacional recordaron que el 30 de diciembre de 2020 el Congreso Nacional sancionó la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE); el Instituto decidió intervenir y expresar su opinión respecto a la inexistencia de todo delito, solicitando se dictara el sobreseimiento de Ruiz.
En atención a lo que dispone la Ley 27.610 y el Protocolo de Acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación, la conducta de la médica se ajustó a derecho y, por tanto, "su persecución no corresponde en un Estado de derecho pleno".
Agregan que "consideramos que este tipo de proceder por parte de la justicia vulnera el acceso a derechos como la IVE, ya que obstaculiza y criminaliza una práctica que es legal en nuestro país y que es un derecho adquirido por las mujeres y personas gestantes tras años de lucha".
El Estado debe garantizar que todas las mujeres puedan acceder a su derecho a decidir sin miedo. Y para esto es también necesario que los médicos puedan proceder sin temer por su libertad y su futuro profesional.