La noche del domingo 26 de octubre, un foco de incendio en la Alcaidía del Poder Judicial de Salta volvió a poner en primer plano una crisis tantas veces advertida: sobrepoblación crítica, infraestructura obsoleta, gestión de la prisión preventiva convertida en regla y un Estado que llega tarde a su propia urgencia.
El hecho dejó al menos 18 personas heridas —10 permanecían en observación al cierre de esta nota y una seguía en estado delicado en el hospital Papa Francisco— y activó todos los resortes de control y emergencia.
“Pudo ser una tragedia. Venimos advirtiendo hace años que el hacinamiento es un riesgo sistémico para la vida y la integridad de las personas privadas de libertad”, señaló Cristina Cobos, comisionada del Comité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Salta (CPT), en diálogo con la periodista Lorena Medina para Punto de Encuentro. El Comité se presentó el lunes siguiente con dos comisionados y obtuvo información de primera mano sobre lo ocurrido.
¿Qué pasó el domingo?
Según reconstruyó el CPT, el conflicto se originó en la celda 3, donde “tres o cuatro” detenidos comenzaron una pelea. Un grupo especializado ingresó para disuadir, lo que habría exacerbado el clima en el resto del pabellón. “Era día de visita y un cúmulo de tensiones —entre malestares familiares y la propia sobrecarga del establecimiento— pesó sobre la situación”, describió Cobos. El Servicio Penitenciario, afirmó, “sabía que podía pasar” porque las condiciones estructurales venían siendo documentadas y notificadas.
Sobrepoblación crónica
Los primeros monitoreos del Comité, en 2022, hallaron casi 900 personas donde caben 350. Hoy, la Alcaidía aloja alrededor de 600: la cifra mejoró respecto del pico, pero sigue duplicando la capacidad instalada. “La Alcaidía recibe a quienes no tienen condena firme. La superpoblación también refleja la falta de respuestas de la Justicia para resolver con celeridad las situaciones procesales”, advirtió Cobos. Una medida reciente del Comité —el traslado a la UC1 de condenados con sentencia apelada (no firme)— ayudó a descomprimir parcialmente, pero no resolvió el problema de base: en la Alcaidía coexisten perfiles incompatibles (condenas cortas, ingresos recientes, delitos diversos), lo que potencia el conflicto cotidiano y los riesgos de seguridad.
El diagnóstico judicial acompaña el cuadro. El abogado penalista Roberto Reyes resume una paradoja: la preventiva —que debería ser excepcional— devino en regla. “Están hacinados, sin colchones, en condiciones inhumanas. Comen en el mismo lugar donde otros cumplen sus necesidades fisiológicas”, señaló. Cuando la preventiva se estandariza, colapsa la puerta de entrada del sistema y vuelve ineficientes las mejoras presupuestarias, porque la población crece más rápido que la inversión.
“El Comité no está para ‘ayudar delincuentes’, remarcó Cobos frente a los discursos que emergen y complejizan la discusión sobre las garantías. Es el Estado quien debe garantizar condiciones de habitabilidad de quienes están privados de su libertad según la Justicia, y ese es el derecho humano que buscamos asegurar”, definió Cobos. Y fue más allá: “Las cárceles reflejan a la sociedad. Para reducir la reincidencia, la comunidad tiene que correrse del ‘que se pudran adentro’ y pensar la reinserción, haciendo hincapié en la justicia restaurativa.
Una obra prometida que no arrancó
En 2023, el Comité accedió y avaló un proyecto de ampliación de la Alcaidía. “Lo vimos con agrado, pero no se hizo ni se comenzó”, lamentó Cobos. El panorama se complejiza con una carencia histórica: “Hace al menos 70 años que no se construye ni se refacciona integralmente Villa Las Rosas”, describió, y habló sin rodeos de negligencia en el tratamiento de las poblaciones carcelarias. El Ministerio de Seguridad, por su parte, reconoce un excedente de alrededor de mil personas respecto de la capacidad total del sistema. En el Presupuesto 2026 se incluyeron obras: ampliación de la Alcaidía, un pabellón en la Granja Penal de Cerrillos para bajar la sobrepoblación de Villa Las Rosas (ya supera el 48%), y nuevos pabellones en Tartagal, Orán y Metán, además de equipamiento tecnológico. El interrogante es cómo y cuándo se ejecutará lo prometido, sobre todo cuando la ampliación de 2023 quedó en la nada y las partidas nacionales hoy no llegan. “Nos prometieron containers para comisarías del interior, tras un hábeas corpus por colapso, pero no hay fecha cierta de funcionamiento”, admitió Cobos.
“Estamos preparando un comunicado”, anticipó Cobos. Pero el mensaje central ya está dicho: sin inversión, gestión procesal y decisión política sostenida, el sistema seguirá al borde. No hay misterio: cárceles seguras y dignas protegen derechos y también mejoran la seguridad pública, porque reducen la violencia intramuros, bajan la reincidencia y devuelven a la sociedad personas con más herramientas que deudas.