El gobernador Gustavo Sáenz reunió a todo su equipo en Grand Bourg para ordenar la transición hacia el nuevo esquema ministerial que se anunciará el lunes.
La Ley de Ministerios ya marcó el rumbo: menos áreas, más concentración de funciones y la creación de una Jefatura de Gabinete que redefine el poder interno. En ese marco, el mandatario actualizó prioridades y avisó que se vienen cambios de fondo en su gabinete.
El ministro Sergio Camacho fue el vocero de la jornada y anticipó que “el lunes asumirán los nuevos funcionarios”, un anticipo que confirma que la reestructuración está cerrada y que el oficialismo busca mostrar control político en un contexto económico adverso. Al mismo tiempo, Sáenz reclamó ajustes por la caída sostenida de la recaudación y ordenó concentrar esfuerzos en educación, salud, seguridad y en la temporada estival.
Camacho se ocupó de remarcar que Salta “es una provincia previsible”, con sueldos, paritarias, aguinaldos y bonos garantizados. Pero la frase que marcó la mañana fue otra: “La recaudación no para de caer, debemos ajustar y fijar prioridades”. La tensión entre la foto de estabilidad y el deterioro real del contexto fiscal dejó claro que la discusión de fondo no es solo técnica, sino política: qué se sostiene, qué se recorta y quién comandará ese proceso. La nueva estructura apunta a “modernizar el Estado” pero, en los hechos, reduce áreas, concentra decisiones y fortalece un círculo reducido en torno al gobernador.
El lunes, la foto política
Aunque el Gobierno no lo confirmó oficialmente, en los pasillos de Grand Bourg la tríada que ordenará el nuevo gabinete ya está instalada. La creación de la Jefatura de Gabinete ubica a Sergio Camacho en un rol de poder sin antecedentes recientes. El ministro de Infraestructura pasará a ser el articulador central de la gestión: coordinación política, ejecución y control de áreas críticas bajo una sola firma. La pregunta interna es si esto ordenará la administración o si profundizará la centralización de decisiones. En paralelo, Ignacio Jarsún se encamina al Ministerio de Gobierno, el tablero político del Ejecutivo. Su posible doble rol —mantener la presidencia de Aguas del Norte mientras asume la cartera— ya genera ruido jurídico y político. Pero para Sáenz pesa más su llegada territorial y su vínculo directo con intendentes, un activo clave cuando los municipios reclaman recursos y respuestas. El tercer movimiento será la llegada de Gustavo Carrizo a Producción y Minería, un cambio que reduce el peso institucional del área ambiental. La eliminación de Ambiente en la denominación del ministerio envía una señal incómoda en un momento de fuertes tensiones con comunidades del interior y debates sobre impacto ambiental. Carrizo recibirá el ministerio más sensible: litio, agua, conflictos territoriales y expectativas productivas en un mismo paquete.
Sáenz quiere un gabinete más chico, más vertical y más alineado. Aún falta definir las secretarías —no podrán superar las 30—, un recorte que mantiene en vilo a gran parte de la estructura. La reorganización se presenta como modernización, pero también funciona como mensaje disciplinador en un gobierno que llega a mitad de mandato con desgaste, tensiones internas y la presión económica como telón de fondo.