El martes 23 habría veredictos en la causa de la red de la cárcel local
Tras los alegatos que se están escuchando por parte de las defensas todo apuntaría a suponer que el martes 23 se conocerían las sentencias.
La Unidad Fiscal que investiga a una red narcocriminal que operaba desde el interior de la Unidad Carcelaria 1 presentó este martes su alegato final, solicitó penas de prisión para 18 de los 20 imputados, algunos de ellos integrantes del Servicio Penitenciario.
El equipo fiscal está encabezado por el procurador general Pedro García Castiella e integrado por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto.
Durante su exposición, García Castiella destacó que “las personas privadas de la libertad no dejan de ser seres humanos”, subrayando la gravedad de que se violen sus derechos desde el interior de la propia institución que debe resguardarlos.
La fiscal Salinas Odorisio fue la encargada de detallar los pedidos de condena.
Se solicitaron penas de entre 1 y 12 años de prisión, con multas para la mayoría de los acusados.
La causa incluye delitos como comercialización de estupefacientes agravada por haberse cometido en un lugar de detención y con participación de funcionarios, exacciones ilegales y asociación ilícita.
Entre los principales pedidos figuran: F.A.B.: 12 años de prisión por comercialización de estupefacientes agravada, exacciones ilegales (7 hechos) y participación en asociación ilícita.
S.F.M.: 11 años y 8 meses por narcotráfico, exacciones ilegales (3 hechos) y asociación ilícita.
M.M. y H.G.B.: 9 años y 6 meses, con pedidos de revisión por reincidencia.
M.I.M. y M.M.V.G.: 9 años de prisión por delitos similares.
R.A.G. y M.O.M.: 5 y 6 años respectivamente por exacciones ilegales y asociación ilícita.
A.A.A.: solo un año de prisión por tenencia simple, solicitando su absolución por los cargos más graves.
La Fiscalía también pidió mantener la prisión preventiva de los imputados hasta que la sentencia quede firme y solicitó revocar la prisión domiciliaria de dos acusadas debido a la gravedad de los delitos.
Asimismo, se requirió la absolución de J.J.V. y S.A. por retiro de la acusación fiscal, y se ordenó su inmediata libertad, con la obligación de asistir a las audiencias restantes.
“Donde hubo corrupción y donde hubo impunidad, debe haber justicia”, concluyó Salinas Odorisio al finalizar su alegato, apelando a la responsabilidad del tribunal para dictar condena en todos los términos solicitados.
El juicio es seguido por el Tribunal de Juicio Sala VII, integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar.
El veredicto se conocerá tras los alegatos de las defensas, el próximo martes 23.
Degradación y vulneración
Al cierre del alegato de la fiscalía el procurador Pedro García Castiella planteó que, sin perjuicio de la valoración que haga el Tribunal sobre la prueba rendida, está demostró que “ellos (por los funcionarios del Servicio Penitenciario) decidían quién la pasaba bien y quién no; quién era violado y quién no; quién era hincado y quién no, burlando todo el esfuerzo del Estado -que implica llevar a proceso a una persona y asegurar el cumplimiento de una pena, desde el inicio de la investigación: fuerzas de seguridad, fiscales, jueces y tribunal de juicio-, convirtiendo todo el fruto de ese esfuerzo en un quiosco o negociado”.
Recalcó que esta situación no se limitaba a delitos económicos, sino que impactaba directamente en los derechos humanos, sometiendo a las personas privadas de libertad a condiciones de vulnerabilidad y riesgo de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Insistió en que la causa revela la profundidad de la corrupción y la degradación moral en el ámbito penitenciario.