El Ministerio de Justicia podría inhibir las reformas en la Constitución de Jujuy
En conferencia de prensa el Presidente Alberto Fernández afirmó que instruyó al Ministerio de Justicia para que analice la inconstitucionalidad de la reforma jujeña y avanzar con la posibilidad de inhibir las modificaciones en la Constitución de Jujuy.
Luego de los críticos comunicados de organismos internacionales (como la CIDH, la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch) el presidente Alberto Fernández dio una conferencia en Casa Rosada, donde informó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ya está trabajando para determinar la validez constitucional de la última reforma aprobada en la provincia.
"He instruido al Ministerio de Justicia de la Nación para que analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy, que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales", sostuvo el mandatario en su alocución.
Además, aseguró que "hemos enviado a Jujuy a funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, la Agencia de Asuntos Indígenas y la Agencia Nacional de Discapacidad.
El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, estuvo en Jujuy desde el primer día que el problema empezó". En ese sentido, apuntó que el funcionario "está allí en la provincia para acompañar a las comunidades, conocer de cerca el acontecer de los hechos y además ver el estado en que se encuentran las personas detenidas".
Contrabando de municiones
El martes último, el ministro de Justicia publicó en sus redes sociales una explícita crítica hacia el gobierno de Gerardo Morales: "Los que ordenan disparar contra el pueblo jujeño son los mismos que contrabandearon municiones para apoyar el golpe de Estado en Bolivia. La represión es la única bandera que conoce la oposición, por eso siempre que gobiernan hacen lo mismo: 2001, 2017 y 2023 en Jujuy".
En su último informe, la ONU pidió "evitar retrocesos tras aprobación de reforma constitucional en Jujuy", entendiendo que la modificación de la legislación provincial "presenta incongruencias con las normas internacionales de derechos humanos, abriendo espacio a retrocesos en materia de reunión pacífica".
¿Qué dice la reforma constitucional de Jujuy?
La votación en Jujuy se realizó de este martes de manera nominal para su aprobación en general como también los puntos del texto y las normas transitorias por parte de los representantes del Frente Cambia Jujuy y el Frente Justicialista, en medio de movilizaciones de agrupaciones sociales y sindicales.
Con el voto de los 29 representantes oficialistas se ratificó la “prohibición de cortes de ruta” en el marco de protestas, en un artículo que también impide la ocupación de edificios públicos en el marco de los reclamos sociales y gremiales.
Durante el debate, Morales ocupó la presidencia como convencional para defender el proyecto de reforma constitucional y señaló que “los desafíos a 40 años de la sociedad jujeña tienen que ver con nuevos derechos. Se ha planteado una idea conceptual desde que se votó la ley de reforma parcial para reafirmar la vigencia de la paz que hay en nuestro pueblo".
Morales suspendió dos artículos de la Constitución reformada porque generan “dudas” en las comunidades indígenas. Son el 36 y el 50, que momentáneamente vuelven a la redacción original de la Constitución del año 1986.
El artículo 36 se refiere al “Derecho a la propiedad privada”. La nueva Constitución añade incisos al texto anterior y elimina algunos preceptos. La modificación aprobada quita del texto el párrafo que establecía que el derecho a la propiedad privada “no podrá ser efectuado en oposición a la función social o en detrimento de la salud, seguridad, libertad o dignidad humanas”.
Y agrega condiciones, como la que indica que “las leyes procesales de la Provincia deben incorporar mecanismos y vías rápidas y expeditivas que protejan la propiedad privada y restablezcan cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor de su titular”.
También, añade que “será considerada grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida por parte de una o varias personas que impida al titular de la propiedad ejercer los derechos que le asisten según esta Constitución y la ley”.
En tanto, el artículo 50, el otro que Morales dio de baja, es el que se enfoca en los “derechos y garantías de las comunidades de los pueblos indígenas”. El gobernador resaltó el inciso 3 de ese artículo como el que genera mayores resistencias en las comunidades indígenas.
“El Estado promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano”, se lee en ese párrafo del nuevo texto constitucional.
(Ambito Financiero)