El ministro de Economía brindó a senadores detalles del presupuesto 2023

Ante un plenario de senadores encabezado por el vicegobernador Antonio Marocco, el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, dio detalles del proyecto de Ley de Presupuesto provincial para 2023 elevado por el Ejecutivo a la Legislatura.

Contempla recursos por 618 mil millones de pesos, de los cuales el 85% serán destinados a educación, salud y seguridad, además de un aumento en las partidas para obra pública. Será analizado en conjunto con la Cámara de Diputados.

Obras de infraestructura y de conectividad en toda la provincia, incorporación de trabajadores para mejorar los servicios de educación, salud y seguridad y financiación de políticas públicas para un desarrollo federal, fueron los ejes centrales sobre los cuales profundizó el plenario de senadores tras la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto provincial 2023, efectuada este miércoles.

Los senadores trabajarán en conjunto con las comisiones de la cámara de Diputados para avanzar en el análisis del proyecto, con vistas a su tratamiento la próxima semana en la Cámara baja y la semana subsiguiente en el Senado.

Roberto Dib Ashur dijo que el proyecto engloba una mirada federal, trabajado en nueve reuniones zonales de las que participó el gobernador, Gustavo Sáenz, más las presentaciones a diputados y al Senado, que tiene por eje contribuir a dinamizar el comercio, la obra pública y las actividades industrial y económica; el desarrollo del agro, los servicios y la construcción; además de otras áreas que cobran especial relevancia como la minería, el turismo, la agro industria, la economía del conocimiento y la energía.

Puntualizó que los recursos suman $ 618.247.079.717, un 128% más que este año 2022, de los cuales un 77% provienen del ámbito nacional, siendo en parte fondos que le corresponden a Salta por la Ley de Coparticipación; y un 23% de origen local. En línea con el presupuesto nacional se prevé un crecimiento del PBI del 2%, una inflación anual del 60% y un tipo de cambio a $ 269,90 para diciembre de 2023.

Agregó que se trata además del primer proyecto de presupuesto con perspectiva de género, formulado con transparencia, orden y en un contexto de seguridad jurídica, con cuentas generales ya presentadas, una situación de equilibrio fiscal y previsibilidad, además de una reducción del stock de deuda provincial.

En ese marco puso como prioridades el desarrollo de obras de conectividad vial, aérea, ferroviaria y digital; más el avance en servicios básicos en 233 obras de agua y saneamiento por $ 14 mil millones; de educación por $ 11.800 millones; de salud por $ 600 millones y la provisión de tecnología, recursos humanos y rodados para el área de seguridad.

Sobre el rubro obras el ministro dijo que se ejecutarán 1.582 con fondos provinciales por un monto de $ 50 mil millones, más la construcción de cuatro mil viviendas, que se suman a tres mil ya entregadas y mil setecientas en licitación; continuidad de obras para el desarrollo de parques industriales, federalización de la UPATECO, entre otras.

A ello se suman obras con financiamiento nacional por valor de $160 mil millones, como la planta depuradora de la zona sur, las obras viales en las rutas nacionales 34 y 40, el puente sobre el Río Vaqueros y circunvalación o el Nodo Logístico de Güemes; más obras con financiamiento internacional como la ampliación del Hospital San Bernardo u obras en el Dique Cabra Corral. También en ese marco puso como prioritario el desarrollo del corredor Bioceánico, que unirá a seis regiones a través de 2.290 km. para llevar la producción por 7 pasos fronterizos hacia 4 puertos del Pacífico.

Sostuvo que la deuda provincial asciende a U$541 millones, de los cuales en 2023 se producen vencimientos por $39 mil millones, estando previstos los fondos para su amortización.

Los legisladores realizaron consultas sobre la multiplicación de los reclamos en áreas como salud, agua potable; incorporación de agentes Covid y de planes que se desempeñan en educación; obras de energía a poblaciones de la Puna; asistencia a colegios privados y comedores; circuitos administrativos que permitan optimizar planes de encauzamiento de ríos y de manejo del fuego; infraestructura educativa y sanitaria; rutas y hospitales.