El ministro de Seguridad, en conferencia de prensa, aclaró el protocolo antipiquetes

Tras el repudio generalizado que provocó el Decreto N°91 que prevé una serie de pautas enmarcadas en un protocolo para disolver las protestas sociales, desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia convocaron a una conferencia de prensa para dar las explicaciones sobre la disposición.

De la extensa exposición del ministro de Seguridad, Marcelo Domínguez, se pudo confirmar que las fuerzas de seguridad actuarán con intervención previa de fiscales para el caso de rutas nacionales, y que el protocolo también se piensa incluir en las manifestaciones en las calles del centro de la ciudad.

Una de las dudas que surgieron fue al respecto sobre cómo deberán actuar los efectivos ante el corte total de rutas o caminos, ya que el ministro sostuvo que no se aplicará la metodología cuando se libere a media calzada o con cortes intermitentes.

El ministro al respecto indicó a Nuevo Diario que la Policía va a trabajar en “prevenir la invasión y por ende la ocupación de los espacios públicos”, pero cuando la ruta esté ocupada, se denunciará el hecho y se esperará las indicaciones de las fiscalías intervinientes. En concreto y en base a los dichos del ministro, la Policía podrá disponer de recursos humanos y hasta la fuerza para evitar que manifestantes se aposten con cortes totales de ruta. Sin embargo, si la ruta es tomada, se deberán recibir instrucciones judiciales previa denuncia del hecho por parte del Jefe de Supervisión del Operativo de Seguridad. “La Policía va a eludir que el delito suceda, evitando que se ocupe la totalidad de la ruta. Si ocupan toda la ruta, tendremos que denunciar el hecho y esperar a que los fiscales nos digan qué tenemos que hacer”, sostuvo.

Dudas y contradicciones

Por otro lado, el titular de la cartera de seguridad provincial contradijo el decreto y aseguró que las negociaciones se realizarán en todo momento y no con el condicionante de que la ruta se encuentre despejada. “La negociación va a ser permanente, la instrucción que tenemos nosotros es que todas las áreas con competencias en la problemática social van a estar presentes en el lugar de los hechos. Vamos a tener en la zona una suerte de anexo de distintos ministerios, y ante los pedidos que formulen en el acto se va a atender el reclamo”, subrayó. En ese sentido, el ministro indicó que se van a tener materiales disponibles en la zona si es que el reclamo es por insumos para tratar de destrabar el conflicto. “La provincia va a tener los elementos en el lugar”, aseguró.

Sobre el libre desempeño de la prensa

En cuanto al desarrollo de la tarea periodística, situación que generó preocupación y reclamos desde múltiples sectores, las explicaciones arrojaron poca luz, atento a que, si bien dijo que “no se pretende restringir la libertad de expresión sino resguardar la seguridad de la prensa”, el protocolo no deja en claro cuáles son las condiciones a partir de las cuales este trabajo podría “interferir” en los operativos, teniendo en cuenta además que muchas veces la presencia periodística configura una “suerte de garantía” para quienes realizan reclamos.

“Una bofetada a la población”

El decreto se da en el marco de los crecientes conflictos sociales que se hicieron visibles, principalmente en las rutas del norte de la provincia. En octubre de 2022, comunidades originarias del Chaco salteño nucleadas en la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo se movilizaron para exigir respuestas concretas al petitorio urgente que presentaron a las autoridades hace dos años en materia de salud, vivienda, educación y acceso al agua potable. También, a principios de enero de este año, hubo un corte total de la Asamblea de vecinos y vecinas autoconvocados del departamento de Orán sobre la ruta 50 en reclamo de aumentos de un 300% de las boletas de luz en la zona, servicio que administra la empresa Edesa; situación que se replicó en las rutas nacionales 34, 81 y 86, ante la falta de agua que sufre la población y las abultadas facturas de energía eléctrica que los usuarios deben pagar mientras soportan altas temperaturas.

“La población de Orán y San Martín, que, a pesar de su inmensa riqueza agrícola y petrolífera, es una de las zonas más empobrecidas por las políticas de entrega de los recursos naturales a manos de capitales extranjeros atraviesa desde hace tiempo un período de deterioro constante de su calidad de vida, por altos niveles de desocupación y pobreza; falta de vivienda, avance de las enfermedades tropicales, carente del servicio de salud y desinversión del sistema educativo entre otros aspectos sociales, que se ven agravados por el pésimo suministro de luz y agua que incluso tienen los más altos costos del país, lo cual hace insoportable la condición de vida. Este cuadro social ha llevado a la población a movilizarse y manifestarse sobre todo en las rutas del norte para poder ser escuchados, desde hace años comunidades originarias, criollas, organizaciones sociales y comisiones de vecinos vienen reclamando por el grave estado de vida de la población. El gobernador de Salta, lejos de resolver el problema con inversiones y obras de luz y agua, le da una bofetada a la población al emitir un Decreto donde protocoliza la represión sobre los vecinos que lleven adelante una protesta en las rutas de la provincia. Condena así a toda una región a resignarse a vivir miserablemente”, fustigaron duramente los referentes de la asamblea de autoconvocados del norte provincial, en un comunicado oficial.